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Políticas activas de empleo: El Gobierno aprueba este martes el reparto de 2.000 millones para que las comunidades luchen contra el desempleo | Público

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El Consejo de Ministros dará luz verde a la autorización del reparto de 2.000 millones a las comunidades autónomas de los más de 6.000 millones que se destinarán a las políticas activas de empleo en 2021. La propuesta de distribución del Ejecutivo deberá ser ratificada por la Conferencia Sectorial de Empleo (de la que forman parte los territorios).

El Consejo de Ministros aprobará este martes una autorización para distribuir 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo para que los territorios puedan financiar sus estrategias y medidas en la lucha contra el desempleo. Según ha podido saber Público, el Gobierno dará luz verde a una propuesta de reparto que después deberá ser ratificada por la Conferencia Sectorial de Empleo.

Será la conferencia sectorial (en la que participan las comunidades autónomas) la que establezca el reparto territorial definitivo de estos fondos (cuánto dinero le corresponde a cada autonomía). Hace unos meses se conoció que el Ministerio de Trabajo dedicaría 6.482 millones de euros en 2021 a las denominadas políticas activas de empleo, un 35,7% más que en el ejercicio anterior.

El incremento de los recursos para impulsar las estrategias de lucha contra el desempleo viene de la mano de los fondos europeos- de hecho, aunque al principio las políticas activas de empleo no formaban parte de los fines primordiales del denominado Fondo de Reconstrucción, se incluyeron como un objetivo prioritario en los documentos remitidos a Bruselas que recogían las principales reformas que España quiere acometer en los próximos años.

Desde la Vicepresidencia Tercera de Trabajo también se avanzó que se estaba estudiando una fórmula para medir la eficiencia en el gasto en políticas activas de empleo a través de un mecanismo de evaluación y control de las inversiones públicas. En este momento no hay mecanismos de seguimiento sobre el rendimiento de los fondos públicos- además, las políticas activas también carecen de una serie de indicadores comunes y coherentes (el despliegue de las estrategias para activar el empleo recae en gran medida en las comunidades autónomas), y de criterios de verificación que permitan hacer una evaluación a posteriori.

Hace unas semanas la propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó durante una comparecencia en el Congreso que hasta un 45% de la financiación pública de las políticas activas de empleo «se va a condicionar a una serie de objetivos», es decir, que la eficiencia del gasto en esta materia pasará a ser un indicador esencia para determinar cuánto dinero percibe cada territorio.

Una de las preocupaciones del departamento dirigido por Díaz era precisamente que la introducción de un mecanismo evaluador de la eficiencia del gasto generase un espacio de diputa entre las autonomías. El análisis y la revisión de las estrategias para paliar el desempleo recaería de forma importante en los datos presentados por las comunidades autónomas y desde el Ejecutivo se quiere evitar a toda costa que la evaluación de las políticas activas y el control sobre la eficiencia del gasto lleven a los territorios a un marco de competitividad o rivalidad.

Mejor financiación para las comunidades más eficientes

En la actualidad Trabajo estudia los mimbres de ese mecanismo de evaluación con el objetivo de que no se produzca un agravio comparativo entre las comunidades autónomas, sobre todo si se tiene en cuenta que las capacidades, el contexto y los sistemas productivos de cada territorio difieren entre sí, y que, de alguna manera, habría que tener en cuenta todos estos factores a la hora de poner en marcha la revisión.

Las denominadas políticas activas de empleo constan de tres instrumentos sobre los que se está negociando: un real decreto de activación del empleo, la estrategia de activación del empleo y los mecanismos de la denominada garantía juvenil. Con la aprobación del real decreto, el Ministerio de Trabajo pretende aglutinar, clarificar y dar sentido a un marco jurídico que en este momento se encuentra disperso en el ordenamiento en distintas órdenes ministeriales- mientras que los otros dos instrumentos son los que despliegan las estrategias destinadas a mejorar la búsqueda de empleo y, por lo tanto, a atajar problemas como el paro y la precariedad.

El diálogo social está a punto de cerrar un acuerdo sobre la estrategia de activación del empleo, que marcará la hoja de ruta del Gobierno (y también de los ejecutivos autonómicos) en esta materia en los próximos tres años (2021, 2022 y 2023).

El objetivo del Ministerio de Trabajo es dar un vuelco completo al enfoque que las políticas activas de empleo y sus estrategias han tenido históricamente, un enfoque que consideran fallido (basado, según el diagnóstico del Gobierno, en la estigmatización del desempleado al trasladar la culpa del desempleo al propio trabajador) y que no ha servido para resolver los problemas más relevantes del mercado de trabajo.

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