Galicia

Los impagos del Estado fuerzan definitivamente al Gobierno gallego a activar la solución de los tribunales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en el Parlamento autonómico que «una vez agotadas todas las posibilidades de un entendimiento institucional, por supuesto que la Xunta seguirá agotando todas las posibilidades en el ámbito judicial» para que Galicia obtenga los 200 millones de euros del IVA de 2017 que le adeuda el Gobierno central (además, la Xunta reclama 170 millones de euros correspondientes a incentivos fiscales). «Por supuesto», ha remachado.

Feijóo se ha pronunciado así a una pregunta del BNG durante la sesión de control en el Pleno de la Cámara gallega, donde ha cargado contra los nacionalistas, a los que ha indicado que «no les interesa Galicia, su único interés es ir en contra del PP de Galicia. Si les importara Galicia nunca aceptarían un Gobierno que lo primero que hace, cuando llega, es reírse de los gallegos y decir que los 370 millones no existen», en alusión al voto favorable del Bloque a la investidura de Pedro Sánchez a través de su único diputado en el Congreso.

Una semana después de dar un ultimátum al Gobierno para que realizara algún «gesto» que indicara que enmendaría su negativa a pagar la deuda, y al no recibirlo, de dejar entrever que los servicios jurídicos de la Xunta ya trabajaban en un recurso ante los tribunales, siguiendo los pasos de otras autonomías como Madrid, Feijóo ha censurado en el hemiciclo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recauda, gasta y «ahora dicen que no existen» dichos fondos: «Soy presidente de un Gobierno democrático, representante del Estado en Galicia. Intenté hablar con el Gobierno central de forma correcta, con lealtad, diálogo y razonamiento. Intenté buscar motivos, razones y propuestas para salir de este disparate, nada más y nada menos que un hurto institucional a los recursos de los gallegos».

«Hice todo lo que podía para intentar negociar y entenderme con el Gobierno central», ha insistido Feijóo, antes de asegurar que el Gobierno gallego «seguirá agotando todas las posibilidades en el ámbito judicial», lo que activa una vía que la Xunta, durante meses, trató de eludir por la necesidad de no dilatar los plazos y disponer de los fondos de forma urgente. En una entrevista reciente con ABC, el vicepresidente Alfonso Rueda ya avanzaba que el Ejecutivo socialista no les había dejado más «remedio» que abrir la puerta de los tribunales. A causa de los impagos del Estado, Galicia se verá forzada a incumplir el déficit por primera vez en siete años.

Muy crítico con los nacionalistas, a quienes ha acusado de actuar como el «cómplice necesario», Feijóo ha incidido en que «lo único que consiguieron es reírse de los gallegos a través de las siglas del BNG», mediante un pacto de investidura «tan redondo como un cero, cero euros conseguidos de la deuda de Galicia». «Menos mal que los gallegos tienen un Gobierno, un grupo mayoritario y un presidente que jamás renunciará a su responsabilidad», ha remachado.

En el intercambio dialéctico, Feijóo ha afeado a los nacionalistas que en su pacto para investir a Sánchez no figure «ni una sola palabra (…) para reclamar los 370 millones» que adeuda el Gobierno central. «Menudo chollo tiene el señor Sánchez», ha ironizado. La Xunta, en cambio, va a «seguir defendiendo» a Galicia porque «confía en nosotros» y «es nuestro compromiso», ha proclamado. «Para seguir defendiendo los intereses de Galicia, no conviene decir siempre sí al PSOE. Para defender los intereses de Galicia hay que decir sí a los gallegos. Entre el PSOE y los gallegos, el PP de Galicia se queda con los gallegos», ha cerrado.

La gota que colmó el vaso

Para la Xunta, la gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio del Gobierno, por boca de la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que los plazos para abonar la mensualidad del IVA impagada, correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2017, ya han prescrito, por lo que no ha lugar a transferirlos a las comunidades autónomas. 2.500 millones en toda España, 200 en el caso de Galicia.

Escuchada esta declaración de intenciones, Feijóo dijo basta. Avanzó primero que valoraba muy seriamente acudir a los tribunales, deslizó después tras la reunión semanal de su Ejecutivo que se estaba «hilvanando y argumentando» la réplica que dará el Gobierno gallego, y finalmente ha confirmado que llegará hasta el final.

Es el último capítulo a una larga batalla que ha dado el presidente de la Xunta desde hace más de un año. A Feijóo le escuece especialmente que la propio Montero, en su despacho, allá por agosto de 2018, se comprometiera «solemnemente» a solucionar los impagos, que llegaron a sumar 800 millones de euros en su punto álgido. Tras meses de apelaciones constantes y envío reiterado de cartas, las últimas a todos los ministros- incluso de encuentros cara a cara -Feijóo, el verano pasado, arrancó a la titular de Hacienda un encuentro informal, aprovechando que coincidían en un acto en La Coruña-, lo que el mandatario autonómico no llegó a dudar en calificar de «pufo» se fue rebajando en un lento goteo: de 800 a 700 millones, hasta mucho tiempo después los actuales 370, una vez abonados, justo al concluir 2019, los 330 millones de las entregas a cuenta.

Durante meses, el Gobierno aseguró que no podía desbloquear esta partida por encontrarse en funciones, hasta que la proximidad de las elecciones del 10 de noviembre y la presión de todas las comunidades llevó a Pedro Sánchez a anunciar que serían abonadas, tras, además, aparecer de forma misteriosa un informe de la Abogacía del Estado dando su visto bueno. Galicia siempre defendió que era posible pagar aún sin un Gobierno constituido. Incluso se remitió a La Moncloa un borrador de Real decreto ley que solventaría los impagos. Transferidos los 330 millones de las entregas a cuenta, Feijóo siempre mantuvo que seguiría reclamando hasta el último céntimo de un dinero que, como siempre recuerda, pertenece a los gallegos, está incluido en los Presupuestos autonómicos de este año y es necesario para dar cobertura a servicios esenciales.

Como ha remarcado Feijóo desde su escaño en el Parlamento gallego este jueves, la Xunta «hizo todo lo posible» para ceñirse a los cauces institucionales, a la lealtad de la que siempre hace gala el presidente autonómico. Del otro lado se fue encontrando promesas y excusas, mientras el calendario iba avanzando y los plazos agotándose. Galicia aprobó sus Presupuestos, como todos los años desde que Feijóo lidera el Ejecutivo, en tiempo y plazo, e incluyó las partidas que le corresponden, en la confianza de que finalmente el Gobierno entraría en razón y desbloquearía los pagos. No fue así y ahora le toca asumir un agujero de 370 millones. En último término, ante la cerrazón exhibida desde La Moncloa, la Xunta se ve abocada a acudir a los tribunales.

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