Los gobiernos gallego y estatal abren una vía de negociación para evitar un recurso al TC
@ABCenGalicia
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está poniendo en aprietos a la Xunta de Galicia y a sus trabajadores públicos, amparados por aumentos retributivos y mejoras de nivel gracias al sistema de carrera profesional. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez iniciará conversaciones con el Ejecutivo gallego sobre la regulación del sistema de carrera profesional en el cuerpo de funcionarios autonómico por estimar que podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.
En concreto, según dos resoluciones publicadas este viernes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogidas por Europa Press, la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Comunidad gallega acordó que se comiencen una serie de diálogos para «resolver las discrepancias» en relación a dos textos legales que recogen la carrera profesional y trasladar un posible acuerdo al Tribunal Constitucional.
El problema radica en que la Administración central considera que Galicia se excede con respecto a sus competencias en los acuerdos que se alcanzaron con los sindicatos UGT y CCOO sobre este asunto laboral.
La carrera profesional es ese proceso que permite a los trabajadores públicos aumentar sus retribuciones y su nivel dentro de la Administración sin la necesidad de participar en los concursos de promoción interna.
En concreto, la resolución alude a los artículos 6 y 18 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, y a la Ley de Presupuestos de Galicia para 2019.
Sergas y agentes forestales
Además de los funcionarios de carrera profesional de la administración, estos preceptos legales hacen referencia también a los agentes forestales y medioambientales del Gobierno autonómico y al personal sanitario, es decir, a los trabajadores del Sergas.
Este trámite iniciado por el Ministerio, cuyo titular en funciones en estos momentos es el también ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se corresponde con una fase previa a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Eso ocurriría si Madrid y Santiago son incapaces de llegar a un acuerdo por los cauces establecidos para este tipo de casos, después del aviso recibido este pasado viernes. En el caso de que no haya fumata blanca en esas negociaciones bilaterales y se produzca el recurso los trabajadores afectados podrían ver paralizadas estas mejoras. Cabe recordar que este tipo de medidas ya les están siendo aplicadas a los trabajadores autonómicos, en medio de este choque entre administraciones.
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