Economia

Un macroproyecto eólico de Iberdrola amenaza el paraíso gallego del parapente

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La línea de alta tensión que la compañía quiere levantar en el parque de San Martiño, en Baltar (Ourense), podría destruir el lugar más idóneo y espectacular para aprender y practicar los deportes de vuelo libre en el norte de la Península.

Para los expertos en vuelo libre, la Serra do Larouco, en la frontera entre Galicia y Portugal y en el interior de la provincia de Ourense desde el lado gallego, es un paraíso del viento. Casi el mejor enclave que se puede encontrar en todo el norte de la Península Ibérica para practicar el parapente y otras disciplinas relacionadas, como el ala delta.

El motivo es la peculiar morfología de la sierra, una concatenación de ligeras laderas que permiten volar sople de donde sople el viento, con amplios despegues y aterrizajes seguros, tranquilos y largos. Larouco es el lugar ideal para aprender a volar, y también para hacerlo a un nivel avanzado e incluso profesional. Allí se disputan habitualmente campeonatos gallegos, ligas nacionales e incluso pruebas de los campeonatos y copas de Europa y del mundo.

Todo eso podría venirse abajo si sale adelante un proyecto de Iberdrola para levantar una línea de alta tensión de más de once kilómetros de longitud que prevé dar salida a la producción eléctrica del parque eólico que la empresa levanta en otro monte cercano. Los cables, sujetos por torretas de veinte, treinta y hasta cuarenta metros, convertirían la zona en un peligro para los parapentistas.

«El proyecto de Iberdrola parte el monte en dos y es incompatible con el vuelo libre»

«El proyecto parte el monte en dos y es incompatible con el vuelo libre», cuenta Enrique Cuquejo, vicepresidente del club de parapente local y secretario de la comunidad que gestiona los montes zona. «No vamos a dejar que lo hagan», advierte.

Gracias a las actividades relacionadas con el vuelo, el pequeño municipio de Baltar (950 habitantes) ha podido desarrollar un modesto e incipiente sector turístico: escuelas de parapente, alquiler de casas, hostelería, restauración…

El Ayuntamiento y la Diputación de Ourense han financiado la rehabilitación de accesos y el acondicionamiento de la zona, que cuenta incluso con un sistema de riego automático para el cuidado y mantenimiento de las zonas de despegue.

El intento de acuerdo entre la Xunta e Iberdrola

El pasado 26 de noviembre el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó un acuerdo de la vicepresidencia segunda de la Xunta, que encabeza el también conselleiro de Economía, Francisco Conde, para someter a información pública el proyecto de Iberdrola. El acuerdo se había tomado nueve días antes, pero la Xunta lo publicó ese viernes y dio 30 días de plazo para presentar alegaciones.

En el pueblo no sabían nada. Se enteraron por Stop Eólicos, la organización que canalizan las protestas ciudadanas contra los megaparques eólicos que promueve la Xunta, muchos ubicados en zonas protegidas y con molinos de centenares de metros que causan un enorme destrozo paisajístico y natural, al que se añade el de las líneas que transportan la electricidad de Galicia a la meseta.

La Xunta tramita en la actualidad más de doscientas licencias de parques

La Xunta tramita en la actualidad más de doscientas licencias de parques. El Gobierno de Feijóo replica a la contestación social que provocan alegando que ha decretado una moratoria para que a partir del 2022 no pueda presentarse ni una más. Pero como la Xunta anunció la moratoria con casi un año de anticipación, las industrias pudieron preparar con calma la presentación de sus proyectos. Previsiblemente saldrán adelante este, pues la Xunta los considera «de interés autonómico».

Las federaciones gallega y española de Aeronáutica, la Asociación Española de Vuelo Libre y la Federación portuguesa de Vuelo Libre han presentado alegaciones en las que denuncian que en el proyecto presentado por Iberdrola no se ha realizado el preceptivo análisis «sobre las afectaciones de los trazados propuestos sobre los usos recreativos» de la zona.

Recuerdan que las líneas de alta tensión «son obstáculos incompatibles con el vuelo libre en materia de seguridad, pues al igual que [sucede con] las aves, hay un elevado riesgo de colisión y electrocución». Y afirman que la sierra del Larouco está «homologada como zona segura para el aprendizaje de parapente y ala delta» y que es «reconocida a nivel internacional» para la celebración de competiciones».

Debido a la cantidad de pilotos que participan en ellas y que vuelan al unísono, «las normas son rigurosas y delimitan bastante la capacidad de movimiento», por lo que la existencia de una línea de alta tensión de más de once kilómetros supone «un riesgo de colisión y electrocución muy alto», advierten.

Stop Eólicos presentó el pasado 7 de diciembre en el Ayuntamiento de Baltar 43 escritos de alegaciones al megaparque de San Martiño, donde asegura que Iberdrola pretende levantar molinos de 180 metros de altura «muy cerca de las aldeas gallegas y portuguesas» y con un «impacto ecológico enorme sobre el medio, el paisaje y el patrimonio». También han denunciado al Defensor del Pueblo que el Estado español ha incumplido la obligación que le imponen los tratados internacionales de informar del proyecto de parque al Estado portugués.

Vecinos dispuestos «a ponerse enfrente de las máquinas»

Iberdrola asegura sentirse preocupada «por el posicionamiento de cualquier colectivo que pueda verse afectado» por su línea, «en este caso los profesionales del parapente». «La semana que viene nos reuniremos con representantes públicos y con distintas asociaciones de este deporte para escuchar sus consideraciones y puntos de vista. Como siempre hemos hecho, haremos todo lo que podamos para disminuir las molestias», afirman fuentes de la compañía.

En cuanto a los vecinos, aseguran que están dispuestos «a ponerse enfrente de las máquinas» para frenar el proyecto si la empresa no proponer un trazado alternativo acordado con ellos. «No tenemos nada en contra de las energías renovables, al contrario, pero nuestros montes no son de Iberdola y no se puede sacrificar el uso colectivo que hacemos de ellos en beneficio de los intereses de una empresa», concluye Cuquejo.

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