Espana

Podemos pide un servicio público para atender a niños que sufran abuso sexual

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La bancada de Podemos en la Asamblea de Madrid – JAIME GARCÍA
Madrid

Presenta este jueves en la Asamblea una proposición no de ley que incluye no necesitar el consentimiento de ambos progenitores para intervenir

Los datos del Ministerio de Sanidad del año 2015 alertan de que una de cada cuatro mujeres ha sido objeto de abusos sexuales en su infancia. Y otro trabajo, de Save the children, eleva al 44 por ciento el número de casos de este tipo de maltrato en que los responsables son del círculo familiar del pequeño. Todas estas razones llevan al grupo parlamentario de Podemos a plantear este jueves en el pleno de la Asamblea una proposición no de ley para que se ponga en marcha un servicio público regional de atención a los niños que sufran estos abusos, y que no necesite del consentimiento de los dos progenitores -dado que en muchos casos uno de ellos puede ser el maltratador- para poder intervenir.

La diputada de Podemos Isabel Serra será la encargada de presentar la iniciativa, que insta al Gobierno regional a que la consejería de Políticas Sociales y Familia desarrolle un análisis, en colaboración con los ayuntamientos, del abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid.

Evitar listas de espera

Respecto al servicio público de atención a menores abusados sexualmente, Podemos cree que debe garantizar «acompañamiento emocional de las posibles víctimas», y estar suficientemente dotado, de manera que «elimine la posibilidad de que existan listas de espera». Insiste en que este servicio «no requerirá del consentimiento de ambos progenitores para intervenir y dar acompañamiento emocional de urgencia».

Serra, en su exposición de motivos, recuerda la gravedad de la situación, basándose en datos del Ministerio de Sanidad. El hecho de que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil se produzcan en el ámbito familiar hace «realmente difícil poder hacer una radiografía exacta, porque no se corresponde el número de denuncias ante la justicia o la opinión pública con la realidad que hay detrás».

Los expertos piden un fácil acceso a la justicia, con actuaciones efectivas, rápidas y coordinadas

La diputada insiste en la importancia de la protección de los menores, que implica, advierte -basándose en un informe de Save the children-, «un fácil acceso a la justicia, con actuaciones efectivas, rápidas y coordinadas», y también unos servicios sociales apropiados y con profesionales capacitados para la evaluación psicológica y la intervención específica en favor de estas víctimas.

Por otra parte, recuerda que el hecho de que la edad sea menor de edad «nunca deberá ser obstáculo para que ésta ejerza su derecho a participar plenamente de la justicia». Advierte sobre hechos como que por la edad del niño, o por darse la denuncia dentro de un contexto familiar en crisis, se reste credibilidad a su testimonio.

La víctima o la familia

Serra se muestra crítica con el Centro especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, porque cree que no se centra «en las posibles víctimas sino en la familia», incluyendo en su protocolo actual para dar el paso a la intervención «la firma de ambos progenitores del menor, independientemente de que el niño o niña declare que ha sido su padre quien ha abusado o de que existan indicios para pensarlo». Además, denuncia que existan listas de espera en este recurso, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.

Como el asunto de la doble firma de los padres viene marcado por el Código Civil, la proposición no de ley insta al Gobierno Central a realizar un cambio en la legislación para que no sea requisito el consentimiento de ambos progenitores.

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