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El juez archiva la causa contra Cristina Cifuentes por el caso ‘Púnica’ | Público

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El magistrado García-Castellón ha decretado el sobreseimiento por presuntos delitos de cohecho y prevaricación respecto a la expresidenta madrileña en la causa por presunta financiación ilegal del PP de Madrid y por la concesión del contrato para la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, que también queda desimputado.

El instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes de los delitos de prevaricación y cohecho por los que estaba siendo investigada en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. Además, el magistrado considera que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid. También ha dictado el sobreseimiento para la Letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

El juez explica que esta investigación se ha basado en un informe policial en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid. El atestado policial partía de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Sin embargo, después de todas las diligencias realizadas, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam «se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente», explica el magistrado.

Por todo ello, indica el auto, «no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernandez», por lo que «no se puede acreditar que su actuación en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada». Recuerda así mismo García-Castellón que
el grupo que resultó adjudicatario era notoriamente conocido por gestionar esta clase de servicios.

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