Los centros educativos implantarán un protocolo de abordaje del riesgo suicida

Los centros educativos de la Comunidad incorporarán a sus planes de convivencia un protocolo para la prevención, detección y abordaje del riesgo suicida en el ámbito escolar. El documento, que será de obligada implementación en cada uno de los centros de la red gallega, estará listo antes de fin de año y su seguimiento correrá a cargo del Consello para a Convivencia Escolar, según apuntó ayer el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña. La nueva herramienta forma parte de 37 medidas contempladas por la Administración autonómica en el Plan de Prevención del Suicidio en Galicia, presentado ayer al Parlamento gallego por el titular de Sanidade una vez concluidos los trabajos que, desde julio de 2016, implicaron a distintas consellerías, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental. Un documento con el que la Xunta, afirmó Almuíña, busca mejorar la coordinación entre departamentos con el fin último de reducir la prevalencia del suicidio y al que la oposición afea la ausencia de compromisos presupuestarios: «El plan llega tarde y llega mal», sostuvo el portavoz de Sanidade del grupo socialista, Julio Torrado, calificando la propuesta como un plan de «cartón piedra».

Junto a las actuaciones coordinadas con las instituciones educativas, Almuíña desgranó algunas de las medidas previstas en el ámbito sanitario, subrayando la creación en los sistemas de información sanitaria de un código de identificación de pacientes en riesgo de suicidio, justificado, señaló, en la evidencia de que el principal factor de riesgo para una muerte por suicidio es la existencia de una conducta previa. El código, incidió, permitirá corregir debilidades actuales en los sistemas que provocan que pacientes atendidos en los servicios de urgencias sean dados de alta con diagnósticos diferentes que no permiten un correcto seguimiento posterior.

La limitación del acceso a medios letales, la formación de los profesionales y fuerzas del orden que asisten en un primer momento un intento suicida son otras de las medidas previstas, junto con el refuerzo de la investigación, a través de acciones concretas como la creación de un Observatorio Galego do Suicidio, la mejora de los datos de registro estadístico de este tipo de defunciones o el perfeccionamiento de los procesos de autopsia psicológica (determinantes en el avance del conocimiento sobre los diversos factores explicativos de un suicidio consumado). Almuíña subrayó la preocupación de la Xunta ante un problema prioritario a nivel global, que provoca una muerte cada 40 segundos en el mundo y aumenta su prevalencia en los países ricos y en poblaciones envejecidas como la gallega.

Metas marcadas por la OMS

Más allá de la crítica a la ausencia de partidas presupuestarias para la correcta aplicación del documento, la oposición consideró que el plan llega tarde, sin margen para cumplir el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013 a los estados de reducir en un 10% sus índices de suicidio y se reduce a un «corta y pega» de recomendaciones generales no adaptadas a las particularidades de la Comunidad. «Para ser un tema prioritario se lo han tomado con bastante calma», dijo la diputada del BNG Montse Prado a Almuíña, acusando a la Xunta de obviar en el documento el impacto de la crisis económica sobre la salud mental de las poblaciones —cuestión advertida en 2011 por la OMS—, tanto a nivel de minoración de los recursos públicos disponibles para la atención sanitaria y social como de empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

«Siguen haciendo caso omiso de un factor etiológico importante», recriminó en la misma línea la portavoz de En Marea, Eva Solla, considerando la pérdida de seguridad —el 15% de las personas que tienen trabajo en Galicia son pobres y 700.000 gallegos viven en riesgo de pobreza y exclusión social, destacó— como un factor determinante para la salud mental ignorado en el plan presentado.

Los datos fueron otro punto de discrepancia. En Marea, PSdeG y BNG afearon la no inclusión en el documento de las últimas cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que registran 349 muertes por suicidio en la Comunidad en 2016, más del doble que las causadas por accidentes de tráfico y casi ocho puntos más que en el ejercicio previo. La cifra de suicidios en Galicia, expuso Montse Prado, no disminuyó en los últimos cinco años de las 300 anuales, estando cerca de las 400 en 2014 y alrededor de 350 en 2012, 2013 y 2016.

Evolución de la tasa gallega

Su exposición encontró réplica en el portavoz del PPdeG, Aurelio Núñez Centeno, quien afirmó que «no existe ningún estudio científico definitivo que relacione crisis económica y suicidio», acusó a la oposición de practicar la «demagogia» y advirtió de las dificultades que entraña la comparativa de estadísticas. Si se utilizan datos estandarizados, sostuvo, el año 1993 presenta el mayor índice de mortalidad por suicidio en Galicia, y hasta siete ejercicios arrojan cifras mayores a las de los años de crisis. «La tasa aumentó en los años 80, disminuyó en los 90 y sigue una tendencia descendente en la última década», afirmó el parlamentario popular.