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La Policía comparará los 900 registros del pendrive con un cd ya aportado al caso Pujol

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El informe determinará si de ese lápiz de memoria se extrajo la documentación contenida en el CD de la investigación y si toda la información se incorporó a la causa

Peritos informáticos de la Policía han procedido este martes en la Audiencia Nacional al clonado del dispositivo de memoria hallado recientemente por el inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Se trata del dispositivo de 8G de memoria de la marca Toshiba que se encontró este agente «ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho». Los peritos procederán ahora al análisis de los metadatos.

Según han informado fuentes jurídicas, las partes personadas en la causa que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio de la familia Pujol han asistido a la apertura del ‘pendrive’ y a la de un segundo dispositivo, en este caso un cd ya aportado al procedimiento como anexo del informe policial que levantó las sospechas del juez y la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta mala praxis en la obtención de pruebas del caso.

Los expertos de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) examinarán la descripción del contenido, el tamaño de los registros -más de 900, casi un centenar de ellos carpetas- su fecha de creación y las posibles modificaciones o manipulaciones del dispositivo, que reflejarán en un informe dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, han añadido estas fuentes.

Durante el acto de apertura han estado también presentes peritos especializados en representación de uno de los imputados en la causa. El ‘pendrive’ original entregado por el agente y que se custodia en una caja fuerte de la Audiencia Nacional ha sido devuelto a ella al término del volcado.

El dispositivo Toshiba, de 8 Gb de capacidad, fue entregado en el Juzgado por otro funcionario en el Juzgado Central de Instrucción 5, ante las sospechas de que pudiera contener información sobre la familia del expresidente de Generalitat Jordi Pujol.

Tras la apertura, el magistrado ha fijado la toma de declaración como testigos del director adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, Eugenio Pino, y del ex responsable de Asuntos Interior Marcelino Martín Blas. Los dos fueron altos cargos de la Policía durante la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El 16 de febrero será el turno de Eugenio Pino y un día después comparecerá el comisario Marcelino Martín Blas al objeto de que, en una pieza separada de la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol, aclaren la procedencia de una serie de pruebas aportadas a esta causa.

El juez de la Mata y la fiscal Belén Suárez llevan semanas tratando de esclarecer la procedencia de una serie de supuestas pruebas sobre el caso Pujol aportadas por la Policía, debido a las contradicciones entre las versiones de los agentes implicados en la investigación, entre ellos el propio Eugenio Pino, máximo jefe operativo desde 2012 hasta junio de 2016.

Denuncia del director de Método 3

Las dudas sobre el trabajo policial motivaron la apertura de una pieza separada en la que el juez de la Mata se ha servido también de la denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Según la versión de éste, los policías simularon haber accedido a su ordenador personal para obtener unas pruebas, a pesar de que él nunca ha tenido información sobre Pujol.

El juez de la Mata ha citado el 23 de febrero a dos exdetectives de Método 3, Julián Ángel Peribáñez Rius y Antonio Tamarit Febrero. Ambos declararán como testigos al ser identificados por el que fuera su jefe, Francisco Marco, como los empleados que, en connivencia con agentes de la Policía, aportaron pruebas falseadas sobre el caso Pujol.

Francisco Marco considera que Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas (el encargado, según Pino, de custodiar la información sobre Pujol) incurrieron junto a otros policías y los dos exempelados de Método 3 en un delito de falsedad, revelación de secretos y malversación.

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