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Vigo ignora el recurso de la Xunta contra la constitución del Área

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El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero – EFE
Galicia

El PP local denuncia que Caballero hace el «paripé» mientras no se pronuncia la justicia

La polémica constitución del Área Metropolitana de Vigo recoge casi todas las disputas entre la Xunta y el Concello. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, denunció que la institución «está siendo boicoteada» por el Gobierno gallego, después de que la administración autonómica presentara ante el Juzgado de lo Contencioso un recurso contra los tumultuosos inicios del ente. Ayer se celebró una de las reuniones de su junta de gobierno, de la que no forma parte ningún regidor del PP. Los populares vigueses optan por la cautela: prefieren esperar a que la justicia se pronuncie y decida si decreta o no la suspensión cautelar del Área.

Mientras tanto, Caballero continúa alternando la agenda de la institución con los continuos reproches a la gestión del presidente de la Xunta. Para el regidor socialista, Feijóo optó por el «ventajismo político» para provocar la paralización del transporte metropolitano. «Es una medida de venganza —proclamó— porque perdieron las elecciones municipales». La portavoz del PP en la ciudad olívica, Elena Muñoz, fue la encargada de darle la réplica al alcalde, a quien ve responsable del «paripé» articulado en torno al Área. Lamentó que Caballero «siga dando pasos y convocando reuniones cuando lo que demanda esta situación es prudencia». Las juntas de gobierno, como la de ayer, «no sirven absolutamente para nada», aseguró la popular.

Precisamente a la salida de la ruenión, el vicepresidente del gobierno metropolitano y alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, trasladó su esperanza por que el Contencioso no decrete la suspensión cautelar. El PSdeG, el BNG y las mareas municipales pactaron personarse en el recurso para «presentar alegaciones» a la maniobra de la Xunta, que todavía no ha aceptado la inscripción del Área en el Registro de Entidades Locales de Galicia. En el plazo de un mes, informó Pazos, se conocerá el veredicto de los tribunales. Para conocer «el fondo de la cuestión», añadió, habrá que dejar transcurrir «un par de años».

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