Extremadura se salva del castigo del ministerio por haber destinado los fondos solicitados a reducir su morosidad
Aragón y Extremadura llevaban meses con la amenaza de ser las dos primeras comunidades castigadas por Hacienda ante el retraso en sus pagos a proveedores. Finalmente, pese a que ambas han reducido sus plazos de pago desde los más de 90 días que tardaban en pagar en mayo hasta los 17 días en julio, el ministerio ha decidido retener a Aragón doce millones de euros para pagar directamente a sus proveedores. Así se lo comunicó el pasado jueves por carta la secretaria general de coordinación autonómica y local, Rosana Navarro, al consejero de Hacienda aragonés, Fernando Gimeno. El ministerio sustraerá a Aragón 12.177.830 euros en las entregas a cuenta de noviembre.
«Dicho importe será destinado para el pago directo por parte del Estado de las obligaciones de pago de los proveedores de la comunidad autónoma», desgrana la misiva.
Se trata de la primera vez que el ministerio aplica sobre una comunidad alguna de las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad por retrasos en pagos a proveedores. Esta Ley permite al ministerio controlar la deuda, el déficit, el gasto y la morosidad de las comunidades.
Desde noviembre de 2014, Aragón y Extremadura encadenaron 22 meses pagando a sus proveedores por encima de los 60 días de retraso máximo que marca la Ley de Estabilidad. A los dos meses, Hacienda podía haber actuado pero no lo hizo hasta el año pasado, ante la vigilancia de Bruselas que había exigido al Gobierno mayor celo con las comunidades tras haber incumplido el déficit público de 2015. En abril de 2015, el ministerio avisó a ambas de que si no mejoraban su situación intervendría sus fondos.
Como los datos no se enderezaban, el pasado mes de julio Hacienda informó a Aragón de que debía dedicar 197 millones de euros al mes para pagar a sus proveedores mientras que Extremadura tendría que abonar 177 millones mensuales. En caso de que no llegaran a esa cantidad, el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro les retendría los fondos correspondientes hasta alcanzar dicha cifra en unos meses.
El plazo ha expirado. Como indica Rosana Navarro en la misiva enviada el pasado jueves al Gobierno presidido por el socialista Javier Lambán, el ministerio ha observado que entre mayo y julio –los datos de pago a proveedores se publican con varios meses de retraso y los de julio son los últimos disponibles– Aragón ha dedicado, de media, 184,82 millones mensuales a reembolsar las deudas a sus proveedores, es decir, menos de lo que le exigió Hacienda. La comunidad abonó a sus proveedores 145 millones en mayo, 276 en junio y 132 en julio. Al ser insuficiente, el ministerio envía adjunto a su misiva el acuerdo de retención de recursos del sistema de financiación por importe de 12,17 millones.
Extremadura sortea la retención
Extremadura, sin embargo, sí que cumplió con los deberes de Hacienda y se ha librado de la retención del ministerio. Rosana Navarro también remitió el mismo jueves otra carta a la consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, en la que le comunicaba que no intervendría un euro a la comunidad en las entregas a cuenta de noviembre. La autonomía dirigida por el socialista Guillermo Fernández Vara pagó entre mayo y julio 178 millones de media mensual a sus proveedores, lo que excedía en apenas un millón lo pedido por el ministerio. En mayo dedicó 168 millones, en junio otros 269 mientras que en julio destinó 96 millones.
«De esta forma, y en la medida en que la media de los pagos realizados ha superado en el presente mes el importe actualmente comunicado a dedicar al pago a proveedores, se comunica que no procede practicar retención, por este motivo, sobre los recursos del sistema sujetos a liquidación cuyo abono procede efectuar a la comunidad autónoma en el próximo mes de noviembre de 2016», zanja Navarro en la carta.
Pese a todo, ambas comunidades han mejorado su situación ante las advertencias del ministerio. Hacienda les continuará vigilando en los próximos meses hasta que encadenen seis meses con un periodo medio de pago a proveedores inferior a 30 días.