El ocaso de la «juez estrella»

Hubo un tiempo en que Pilar de Lara era intocable. Judicial, política y mediáticamente. Ningún representante público era capaz de deslizar una sola crítica a su labor. Ni un solo columnista osaba afearle medio reproche. Ninguna instancia judicial superior se pronunciaba. A la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo se le procesaba un considerable respeto desde los medios y en la inmensa mayoría de la opinión pública, que en la clase política se tornaba en un temor reverencial, una psicosis que llevó a no pocos cargos a no hablar por teléfono. Por si acaso. Eran tiempos en los que copaba portadas por su implacable lucha contra una supuesta corrupción que azotaba instituciones de todos los colores políticos.

Ella era la Justicia, cabalgando a lomos de los agentes de Vigilancia Aduanera, destapando las presuntas corruptelas de concellos, diputaciones e incluso de algunos rincones de la Xunta. Pero a Pilar de Lara, en un determinado momento, le cambió su suerte a peor. La antaño temida «juez estrella» de Lugo está a un paso de ser apartada temporalmente de la judicatura por decisión del Poder Judicial, de perder su plaza y de abandonar Lugo, dejando atrás una montaña de macrocausas sin cerrar, de justicia sin impartir, de políticos corruptos a los que fustigar.

Del cielo, a los infiernos, por donde aún purgan cientos de imputados por ella, esperando un juicio que nunca llegaba para acreditar su inocencia o penar por sus culpas.

La época dorada

Parece que fue ayer, pero han pasado diez años desde que Pilar de Lara (Cartagena, 1969), se dio a conocer lanzando la «operación Carioca», en octubre de 2009. Había llegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo dos años antes, pero fue con aquella causa con la que acaparó por primera vez todos los titulares de la prensa. Más de veinte detenidos —solo cinco acabarán como acusados cuando finalice la instrucción—, un operativo policial desmedido, para poner fin a una supuesta red de proxenetismo y explotación sexual de mujeres en Lugo que estaría contando con la connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la ciudad. Protección de policías corruptos a cambio de favores sexuales, sobornos y prebendas. No era Lugo, era Chicago años 20, Atlantic City, la sórdida Nueva Jersey de Los Soprano. Y estaba ahí, a la vista de todos, pero solo supo detectarlo la juez De Lara.

Del hilo telefónico de la «Carioca» —el grueso de la investigación está en pinchazos a los principales acusados— llega la «Pokemon», una macrocausa construida alrededor de las andanzas del Grupo Véndex, un grupo de empresas que habrían recibido concesiones públicas de diversos ayuntamientos a cambio de comprar voluntades con dinero. Mordidas. Daba igual el partido político o la provincia. Lugo, Santiago, La Coruña, Orense, Boqueixón. Fueron cayendo alcaldes y concejales en ejercicio, como fichas de dominó.

A pesar de ser secreto, el sumario de la causa era retransmitido en directo por agencias y periódicos, cada uno publicando la grabación, el informe, la declaración más conveniente para generar el estado de opinión necesario. Era 2012, en plena crisis, con una ciudadanía escandalizada por lo que veía y leía mientras se le recetaban recortes y ajustes. Ella, la Justicia, golpeaba a los indecentes. Algunos de los acusados se enteraban de sus imputaciones por la prensa antes que por la notificación oficial del juzgado, generando una pasmosa indefensión, pena de telediario al cuadrado. Pero la sociedad no se perdía en esos nimios detalles sino que jaleaba a la juez para que siguiera, implacable, limpiando los despachos de toda Galicia desde su juzgado de Lugo.

El viento soplaba a su favor. La Fiscalía y la Audiencia Provincial de Lugo lo sabían. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia también. Y dejaron hacer para escarnio de las defensas, que veían respondidos sus recursos y apelaciones con un «no es el momento procesal oportuno». Con las manos libres, la «Pokemon» creció exponencialmente, hasta ramificarse a Asturias, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. En vez de delegar y agilizar, De Lara siguió amasando la instrucción, en ocasiones con modos arteros: se inhibía en favor de otro juzgado, pero mientras la causa llegaba a aquel, ella seguía practicando diligencias blindada a los recursos de los acusados. Y ese mientras podían ser cuatro años.

De la «Pokemon» pasó a la «Pikachu», en La Coruña- o la «Manga», en Santiago. Siempre alrededor de Vendex. A alcaldes como el socialista López Orozco le endosó media docena de imputaciones. Al compostelano Ángel Currás le costó el puesto. Al ferrolano José Manuel Rey lo imputó por una grabación que resultó que no era suya y tuvo que dar marcha atrás, después de seis meses de arrastrarlo por el fango y obligarle a hacer el paseíllo hasta su juzgado.

Cambia el viento

En su marcha triunfal, no obstante, hubo pequeños traspiés, augurios de lo que vendría años más tarde. A De Lara se le resistían los aforados, ya fueran autonómicos o estatales, es decir, amparados por el Tribunal Superior o el Supremo. Lo intentó con la diputada Paula Prado en base a unas escuchas en Santiago- el fiscal le echó abajo la causa y quedó en nada. Probó suerte con el senador José Manuel Barreiro y el expresidente cántabro Ignacio de Diego- el TS tumbó sus argumentos por ausencia de indicios.

Eran reveses, pero apenas se vieron en Galicia como diminutas manchas en el impecable traje de justiciera de la instructora lucense. Ella se encargaba de eso, porque tras cada noticia adversa trascendía —casualmente— que denunciaba falta de medios, o aparecía una conversación privada de dos jueces haciendo comentarios sobre ella en un sumario teóricamente secreto, o se filtraba un informe de Vigilancia Aduanera —el brazo ejecutor de la juez— que hiciera más ruido y confundiera al público.

«Pokemon» dio paso a «Garañón», y en el verano de 2015 salpicó de lleno al exlíder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, fabricando una oscura versión sobre la compra y reforma de su casa durante su época de concejal de urbanismo en los gobiernos de Orozco. Besteiro quedó tocado pero aguantó. Le tenía reservada la estocada final a comienzos de 2016 con la «Pulpo», una operación con epicentro en la Diputación que se remontó incluso a los tiempos pretéritos de Francisco Cacharro, algunas de cuyas decisiones imputó a Besteiro, tales como viajes o beneficios sociales para los trabajadores del ente provincial. Una denuncia anónima sobrevoló el inicio de la investigación.

El dirigente socialista tuvo que dimitir, sepultado por diez imputaciones por supuesta corrupción. Y acto seguido, la acusó de prevaricar. El escenario no le era favorable a Besteiro. Unos meses antes, casi al poco de su primera remesa de imputaciones, su abogado y De Lara protagonizaron un chusco incidente. La juez rescató del fondo de su cajón un correo electrónico del letrado, el controvertido Cándido Conde-Pumpido Jr., enviado varios años antes, en el que le recomendaba que pidiera otro destino, y que él podía utilizar sus influencias en el CGPJ para que fuera el de su elección. De Lara enseñaba los dientes. Y le funcionó, porque el TSXG tumbó la recusación contra ella de Besteiro y le dio su enésimo aval, a pesar de que la «Carioca» ya acumulaba seis años de instrucción, por cuatro de la «Pokemon».

Aun así, el presidente del Tribunal Superior, Miguel Ángel Cadenas, muy cauto siempre en sus declaraciones, no perdía ocasión para reflexionar siempre que se le preguntaba por lo inadecuado de las «macrocausas» y las instrucciones interminables. Nunca daba nombres, no necesitaba señalar. Ella, la Justicia, se sabía la destinataria de sus palabras. Y hacía oídos sordos.

El siguiente escalón hacia la gloria fue la «operación Cóndor», alrededor del empresario Raúl López, sus sociedades de transporte y presuntos delitos fiscales en sus contabilidades, entre otros. Una de las derivadas de este caso fue la conocida como pieza de los Vega Sicilia, que construyó alrededor de un listado de agasajos que el empresario enviaba a políticos de todo signo por Navidad.

Desde el presidente o el vicepresidente de la Xunta pasando a ministros. Para De Lara, que se superara un determinado umbral ya era indicio de cohecho impropio, y elevó el caso de nuevo al Superior y el Supremo. Otro varapalo y la censura de que poco menos que pretende abrir una causa general contra la clase política, elucubrando causas y efectos sobre generalidades y vaguedades. Carpetazo. Y esto sí deja algo más que rasguños.

La gestión mediática de sus causas parecía seguir una suerte de esquema de Ponzi, como las estafas piramidales: el eco y lo noticioso de las nuevas operaciones servía para mantener la creencia de que las causas anteriores conservaban el vigor y no languidecían, como estaba ocurriendo. Incluso en esto hay un punto de inflexión a finales de 2014: cuando «La Voz de Galicia» publica la detención en Ferrol de un testigo clave en la «Pikachu», al que la policía local incautó una pistola de fogueo y un cuchillo de grandes dimensiones.

De Lara entra en cólera y llama incluso a declarar a periodistas del diario para que revelen quién les informó de la detención de este testigo, al que poco después declaró «protegido» e impidió reproducir su nombre —Antonio Pérez Cribeiro— e imagen. La bula que el primer diario en difusión de Galicia había dado a la juez se esfuma. Va perdiendo aliados mediáticos. Solo le quedan unos pocos, los más entregados a su causa, a los que nada importa la sucesión de reveses que están por venir.

La tempestad

Arranca 2018. Ni «Carioca» —que algunos medios habían especulado que estaba a punto de acabar de instruirse en 2014—, ni «Pokemon», ni «Garañón», «Pulpo» o «Cóndor» vislumbran su fin. Pero la juez encuentra tiempo para salir al rescate de varios perros de okupas tras leer en la prensa local que podrían ser víctimas de maltrato. La literatura judicial que dedica a estos animales es el mayor escarnio para las decenas de imputados que esperan un final —el que sea— para el calvario de sus imputaciones.

En algún momento, la Fiscalía y la Audiencia de Lugo dicen basta. ¿Qué detonó el cambio de criterio? Se ignora. Pero 2018 empieza a ser «el momento procesal oportuno» para aceptar recursos de las defensas y empezar a reconocer lo que desde un principio estaba ahí pero no habían querido ver: instrucciones convertidas en causas generales en busca de algún ilícito en patrimonios personales, jurisdicciones sobrepasadas, inhibiciones tardías, ausencia de indicios… El castillo de naipes de la corrupción empieza a resquebrajarse.

Vendrían dos desautorizaciones dolorosas de la Audiencia Nacional, a la que Pilar de Lara derivó sendas piezas de la «Pokemon», que le fueron enviadas de regreso por falta de enjundia para este tribunal, reproche incluido por instruir al tiempo que se está inhibida. Juzgados de Asturias y Santiago devuelven más separatas con el mismo argumento. Otro varapalo de la Audiencia: la anulación de toda la ramificación levantina de la «Pokemon» por no ser competente.

La suerte de la juez comienza a estar echada. El Poder Judicial ordena en mayo de 2018 una inspección extraordinaria de su juzgado —tras denuncia del TSXG—, y durante una semana, dos inspectores auditan Instrucción nº1 de Lugo. El informe que elevan al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ es dantesco. Nunca se había visto nada igual, tal laberinto sin salida, tal colapso irremediable. Se masca la tragedia.

A De Lara solo le queda apelar a la calle, la que en su día la consideraba una enviada divina para combatir la corrupción de los hombres. Un colectivo edita un documental sobre su determinante actuación en el «caso Carioca», un intento por lavar su deteriorada imagen, que ha quedado maltrecha tras el exceso de ruido y las nulas nueces. Se la quiere victimizar con motivo del juicio contra dos guardias civiles que la increparon en un foro. El abogado de la juez, Gerardo Pardo de Vera, lo es también de alguna de las acusaciones populares de De Lara. ¿Quién dijo conflicto de intereses?

De los negros nubarrones que oteaba en su horizonte se desprende que la juez se buscara al abogado Agustín Azparren cuando se anuncia que el CGPJ le incoaba un expediente disciplinario. Exjuez y veterano letrado, con pasado en el propio Consejo, se confía a él para esquivar su destino. Demasiado tarde. El jueves, la comisión disciplinaria le imponía una sanción de siete meses, que forzará su salida de Lugo al perder la plaza. Tiene todavía una última y desesperada baza, el recurso de alzada al pleno del Consejo. Se antoja improbable que encuentre allí la gracia que anhela. Nada es descartable.

Las portadas que acumulaban sus detenidos ahora son para su caída en desgracia. Cuando pase la tormenta, de ella, la Justicia, solo quedará el rumor de un mal sueño, una sombra olvidada.