El Gobierno valenciano se lanza a la guerra electoral por anticipado

El movido inicio de curso que se preveía en la política valenciana para septiembre se ha adelantado a agosto pese a la tranquilidad que aparentemente confieren las vacaciones. La manida frase «el Pacto del Botánico está a prueba de bombas» parece que no sirve en lo que ya se considera la mayor crisis -al menos pública- de la legislatura entre PSPV-PSOE y Compromís. Una manera de ir marcando discurso propio ante un electorado diferente.

La excusa ha sido la reforma de la financiación -un debate que seguirá siendo utilizado para diferenciarse ahora que los socialistas están en el Gobierno-, pero el fondo va más allá. La paz saltaba por los aires hace dos días, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobaba el alivio del déficit autonómico propuesto por Pedro Sánchez. En la anterior cita, la Comunidad Valenciana se abstuvo, rompiendo la disciplina de voto socialista tras la presión de Compromís al no compartir los límites planteados (el 0,3% del PIB frente al 0,1% vigente).

En esta ocasión acabaron apoyándolo después de las negociaciones entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con la ministra del ramo, María Jesús Montero. A cambio, el Ejecutivo central asumirá la deuda de 350 millones de euros de la Marina de Valencia.

Lo que el jefe del Consell vendió como un gran logro propio, para Compromís fue una decisión unilateral que tomaron sin diálogo previo y, lo que consideran más grave, sin ni siquiera comunicarlo a la vicepresidenta, Mónica Oltra. Con el transcurso de las horas, las críticas pasaron a las redes sociales y se han extendido durante estos días en lo que ya no se ve como un simple «calentón», sino como un enfrentamiento público que evidencia el clima que se vivirá hasta las elecciones autonómicas del próximo año. Para la coalición, el acuerdo con Sánchez es totalmente insuficiente. Las acusaciones de «deslealtad» entre ambos socios han sido de ida y de vuelta. Y se añaden las de la mentira. Como ejemplo más reciente, la «número dos» de Hacienda, Clara Ferrando (Compromís), aseguró ayer por Twitter que pactó con el conseller (PSPV-PSOE) la abstención en el déficit. «Ya está bien», sentenció, después de que este último difundiera un correo en el que supuestamente comunicaba el voto a sus socios.

A ello se suma otro enfado de Oltra con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por acordar con el Gobierno sin consultarle la implantación de una comisaría sobre violencia de género, lo cual en su opinión era una invasión de competencias.

Elecciones: ¿sí o no?

En toda esta escalada de tensión que desluce el reivindicado buen funcionamiento del mestizaje, resurge el runrún de un posible adelanto de las elecciones autonómicas del que ya se habló a comienzos de este año, una potestad de Puig. Algunos de sus colaboradores apuestan por arriesgarse a ello en un momento favorable tras la entrada de Sánchez en la Moncloa. Otros, sin embargo, creen que no será capaz y que sólo se trata de una estrategia para intranquilizar al resto de formaciones. Además, promovería la abstención. Su objetivo, señalan fuentes socialistas, es seguir haciendo gala de su gestión. Enfrente también se encontraría a Compromís, que no ve motivos objetivos para que se produzca a ese adelanto no ser que se llegara a un escenario de ruptura. Una palabra que, a diferencia de en otros momentos de roce, ya se escucha.