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DIRECTO | El fiscal considera «prematura» la propuesta de Bárcenas de un careo con Rajoy

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Las acusaciones, a favor de suspender el juicio por el derecho de Cristóbal Páez a asistir

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral consideró este martes «prematuro aventurar un careo» entre el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que comparecerá como testigo en el juicio de la caja b del PP, porque aún se ignora si existen contradicciones «que afecten a intereses de la causa, al objeto del enjuiciamiento, no otros hechos que se traten de acreditar». La diligencia fue planteada por la defensa del principal acusado en el turno de cuestiones previas y el tribunal dará respuesta a todas sus peticiones este martes tras escuchar a todas las partes.

Y en cuanto a los periodistas con los que Bárcenas trata de suplir el déficit que dice padecer a consecuencia del robo de documentos que sufrió en 2013 y que se investiga en la ‘operación Kitchen’, el representante del ministerio público señaló una investigación periodística no les convierte en testigos directos de unos hechos y admitió «carecer de elementos para poder valorar y decir sí o no a la utilidad y necesidad de los testigos».

Esperar a Páez

El ministerio público se mostró partidario de suspender el juicio hasta el próximo lunes para dar tiempo al acusado Cristóbal Páez a recuperarse del coronavirus que padece, como solicitó su abogado en la sesión de este lunes. El representante del ministerio público sostiene que al no ser una suspensión larga se respetaría el derecho del exgerente del PP a asistir a su juicio, punto que Virgilio de Latorre, que ejerce la acusación en nombre varios socialistas valencianos, matizó que no se trata de un derecho sino de una obligación cuando la pena que se solicita para una personas supera los dos años de prisión, con independencia de que se les dispense de asistir si así lo solititan.

Romeral, al igual que luego hizo la Abogacía del Estado, volvió a defender la delimitación del objeto del procedimiento, porque en «un juicio hay que tener de forma clara los presupuestos fácticos y jurídicos», lo que se dirige contra la acusación ejercida por la acción popular que en nombre de Izquierda Unida, socialistas valencianos y madrileños, la asociación Adade y el Observatorio de Derechos Desc solicitan penas que rondan la veintena por muchos más delitos que el ministerio público.

Sin prescripción

En lo que no dio la razón a las defensas es en la prescripción del delito fiscal que se juzga por las obras de la sede central del PP, ya que la providencia dictada en julio de 2013, cuando se conocieron los llamados ‘papeles’ del extesorero del PP Luis Bárcenas, ya se dirigía contra los acusados, aunque no mencionara expresamente la empresa que se encargó de la reforma, Unifica.

La acusación que representa Latorre, que considera que las defensas utilizaron las cuestiones previas como «una lluvia fina» de sus líneas de defensa, incidió en la jurisprudencia del Supremo y de la Audiencia Nacional para descartar la prescripción de los delitos fiscales.