Bruselas sopesa ceder ante Londres y no llamar «colonia» a Gibraltar

Este martes está previsto que se celebre una nueva reunión negociadora entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos para tratar de desbloquear el pacto sobre exención de visados entre el Reino Unido y la Unión Europea en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo. La proximidad del fin del plazo de aplicación del artículo 50 este 29 de marzo ha empezado a poner nerviosos a los responsables políticos de la Comisión, que temen que la situación actual tenga consecuencias catastróficas para todos.

El responsable de este bloqueo es un eurodiputado laborista británico, Claude Moraes, que se ha empeñado en defender a los gibraltareños, aunque sea la última cosa que haga antes de abandonar el Parlamento Europeo. Y para evitar el colapso, la Comisión podría aceptar darle la razón en parte, aunque fuera a costa de los intereses de España. Según fuentes que conocen bien el caso, la Comisión está pensando en una fórmula que pueda contentar a Moraes, eludiendo la mención de colonia para referirse a Gibraltar.

Claude Moraes es el ponente de este acuerdo, que debe ser aprobado tanto en el Consejo como en el Parlamento y ambos de acuerdo con la propuesta de la Comisión. Hasta ahora, todos los «triálogos» entre las instituciones europeas han fracasado porque Moraes se niega a aceptar que en la relación de territorios de aplicación del acuerdo de exención de visados se mencione a «la colonia de Gibraltar».

Los responsables del Partido Popular en el Parlamento Europeo han intentado apartar a Moraes de este expediente, porque resulta poco convincente que sea un británico quien negocie con el Reino Unido. El jefe de la delegación española del Partido Popular, Esteban González Pons, le envió una carta a la presidenta de la conferencia de presidentes de comisión, la liberal sueca Cecilia Wikström, que podría replantear el papel de Moraes como presidente de la comisión Libertades.

Pero la decisión de apartarle del dossier debería tomarla la Conferencia de Presidentes, en la que están representados los grupos políticos. En su última reunión, la semana pasada, la ausencia de un portavoz del grupo socialista (al que pertenece Moraes) impidió que se abordase el tema.

Así las cosas, la Comisión parece haberse alarmado por la urgencia. En Bruselas quieren tener preparado cuanto antes un plan de contingencia para evitar las consecuencias más dramáticas de un Brexit sin acuerdo. La primera de ellas sería, en efecto, que a falta de ninguna relación jurídica en este sentido, los ciudadanos británicos se convertirían en extranjeros y deberían pedir un visado y pagar unos 60 euros cada vez que quisieran viajar al continente. Naturalmente, el Gobierno de Londres podría exigir lo mismo a los europeos que quisieran viajar a Gran Bretaña.

La solución podría llegar este jueves, cuando se vuelva a reunir la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, en la que según fuentes parlamentarias ya se ha llegado a un acuerdo entre populares, socialistas y liberales, para retirarle el cargo a Moraes. Pero mientras tanto, la Comisión sigue adelante con una formulación de la referencia a Gibraltar que podría ser del agrado del laborista británico. La propuesta del Ejecutivo comunitario se refiere a usar una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo en la que se menciona a Gibraltar como «colonia», pero no como decisión expresa de la Comisión.

Apoyo a España

En el Consejo, sin embargo, todos los países se han mantenido hasta ahora inequívocamente al lado de España. A pesar de las evidentes consecuencias, ningún país ha mostrado interés en dejar sola a España en este asunto y todos se han sumado a la exigencia de que se mencione a Gibraltar como colonia, en los mismos términos que lo hace la jurisprudencia de las Naciones Unidas. Pero Moraes se ha empeñado en presentar esto como un conflicto entre el Consejo y el Parlamento, para dar pie a la Comisión a buscar una salida interinstitucional, sin que parezca una disputa entre España y el Reino Unido.

Desde que empezó el proceso del Brexit, los sucesivos gobiernos se han esforzado en imponer el principio de que ningún futuro acuerdo entre la UE y el Reino Unido que afecte a la colonia británica podrá aprobarse sin el consentimiento de España. Este principio fue objeto de unas tensiones diplomáticas en el mismo momento de aprobar el Acuerdo de Retirada, para lo que hubo que añadir una serie de clarificaciones al propio texto del tratado. La cuestión esencial es que mientras el Reino Unido ha sido miembro de la UE, la disputa sobre Gibraltar era gestionada por la Comisión tratando de ser neutral. Ahora que Gran Bretaña se retira, la posición española pasa a ser la posición de la UE y los británicos han empezado a sentir el peso de su soledad en este caso.