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Trump se rearma para conseguir más deportaciones y más rápidas

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El representante demócrata Joe Kennedy III (i) y el senador demócrata Edward Markey (c) se unieron a los manifestantes en una protesta contra la política migratoria de Trump, este martes en Boston – AFP
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Ansiedad y miedo entre los indocumentados por la aprobación de nuevas directivas más agresivas para su deportación.

Benito, un profesor de origen mexicano que trabaja en Brooklyn, explica que sus alumnos de primaria -muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, pero hijos de indocumentados- llegan a clase y preguntan «qué va a pasar con sus papás». María Elena, guatemalteca, también de Brooklyn, tiene papeles, pero reconoce que hay «mucho miedo» en su comunidad. Hasta hace poco, los millones de inmigrantes indocumentados sin ofensas graves a la ley, dedicados a su trabajo y a su familia, vivían con cierta tranquilidad en EE.UU., a pesar de las limitaciones de no estar regulados. Eso está cambiando con la llegada al poder de Donald Trump, que en la parte más combativa de su campaña electoral se comprometió a una deportación masiva de los indocumentados. Una serie de redadas en comunidades con mucha presencia de indocumentados desató las alarmas a los pocos días de la jura de su cargo. Ahora, la Administración Trump se rearma para avanzar en la promesa electoral con la publicación de nuevas directivas que guiarán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en la lucha contra los indocumentados. El objetivo, en dos palabras, es deportar más y más rápido.

El contenido de las directivas se filtró a los medios este fin de semana, pero este martes el DHS las hizo públicas. Suponen un cambio de rumbo con la política sobre indocumentados que Barack Obama había seguido sobre todo al final de su mandato. El antecesor de Trump batió todos los récords en deportación de inmigrantes sin papeles -433.000 solo en 2013-, pero prioriza que fueran solo aquellos convictos de delitos graves.

Se amplía a cualquier indocumentado que haya sido condenado por cualquier tipo de delito

Ahora el DHS amplía el espectro de prioridades a cualquier indocumentado que haya sido condenado por cualquier tipo de delito e incluso incluye a aquellos imputados por ofensas por las que no han sido condenados. Además, da la prerrogativa a los agentes de inmigración a que deporten a aquellos inmigrantes que, a su entender, puedan suponer «un riesgo a la seguridad pública o a la seguridad nacional».

Las directivas también amplían las condiciones por las que se puede aplicar una «deportación exprés»: con Obama, era para aquellos detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que hubieran pasado menos de 14 días de forma ilegal en territorio EE.UU. Ahora se podrá usar este procedimiento para cualquiera con menos de dos años en EE.UU. y en cualquier punto del país, lo que aumenta las posibilidades de «deportación exprés» de forma considerable.

Para poder cumplir con esta nueva política las autoridades de inmigración -sobrepasadas por la llegada de indocumentados, que superan los once millones en EE.UU.- requerirá una gran inyección de personal y recursos. El DHS contratará 10.000 nuevos agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas -ICE, el nombre que más temen los indocumentados- y otros 5.000 agentes para la Policía de Fronteras. Además, se ampliará el número de centros de detención de inmigrantes y se promoverán nuevos acuerdos de cooperación con departamentos de policía locales, con la idea de convertir a esos agentes en policías antiinmigración. El programa que articulaba estos acuerdos, llamado 287(g) había sido abandonado de hecho por Obama. Ahora será un nuevo motivo de fricción con los condados y ciudades santuario, aquellos que se niegan a poner recursos locales al servicio de la deportación de indocumentados.

La nueva política también desecha la anterior práctica de «detener y liberar», por la que muchos indocumentados podían vivir con sus familias mientras esperaban su comparecencia ante el juez para decidir sobre su deportación. Según la directiva, ahora deberán quedar detenidos.

Miedo

También se empezará a perseguir a los padres que financien el viaje de sus hijos menores hasta EE.UU., aunque de momento los «Dreamers» -750.000 beneficiarios de un programo impulsado por Obama de permiso de trabajo a niños que ingresaron en el país como menores– no se verán afectados. Trump se comprometió a tumbarlo durante la campaña, pero en los últimos meses ha dado marcha atrás.

El anuncio fue criticado por muchas organizaciones a favor de los inmigrantes, que denunciaron el miedo y la ansiedad que ha provocado en estas comunidades. Para Clarissa Martínez de Castro, del Consejo Nacional de La Raza, Trump lo está usando para «crear miedo» y avanzar en la «persecución indiscriminada de inmigrantes», aseguró a The Washington Post. Según ella, el mensaje de la Casa Blanca es que «ahora todo el mundo va a ser una prioridad» para la deportación.

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