Polémica por la decisión de una jueza de archivar la violación de una menor

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Monzón (Huesca) ha dictado un polémico auto con el que decide el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la violación de una menor de edad en la localidad oscense de Binaced. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de julio, durante las fiestas que celebraba esa población.

La jueza -que también ha levantado el secreto de sumario- alega que el sobreseimiento provisional lo ha decidido para evitar que transcurran los plazos de instrucción, debido a que no se ha podido determinar quién fue el autor de los hechos y pueden pasar meses hasta que se tengan los resultados de las pruebas de ADN que se encargaron.

La decisión de la jueza, sin embargo, ha generado polémica. El abogado que ejerce la acusación ha mostrado su desacuerdo con ese archivo de la causa y ha anunciado que va a recurrir el auto judicial. Este letrado, Javier Vilarrubí, ha informado sobre esta medida una vez conocido el contenido de sendos autos de la jueza de Monzón que instruye el caso, uno para el sobreseimiento provisional y otro para proceder al levantamiento del secreto de sumario.

El archivo provisional de la causa lo decide, según explica, por «falta de autor conocido» del delito tras las diligencias que abrió el pasado 1 de agosto, cuando llegó al Juzgado de Instrucción número dos de Monzón, del que es titular, un posible delito contra la libertad sexual. Presuntamente, una menor de 17 años fue violada en un descampado de Binaced durante las fiestas patronales. Los padres de la menor presentaron una denuncia.

Ese 1 de agosto, la instructora solicitó al médico forense el informe de la exploración médica realizada a la menor el día de los hechos y acordó, con la intervención del Ministerio Fiscal, tomarle declaración.

Además, el 17 de agosto la jueza acordó practicar una prueba psicológica a la víctima a través del Instituto de Medicina Legal de Aragón y dirigió un oficio al Departamento Criminalista de la Guardia Civil para que se remitieran al juzgado los análisis de ADN a la mayor brevedad posible, prueba esencial para poder determinar la autoría de los hechos.

Vilarrubí señala que efectivamente la jueza, el día 17, decide llevar a cabo una serie de pruebas y así lo hace constar en un auto que se notifica a la acusación el 27 de agosto.

El abogado de la familia de la menor pidió a la instructora la práctica de siete pruebas, y en el auto referido se aceptan seis, entre ellas la de ADN. Critica Vilarrubí que se diga ahora que no quedan diligencias por hacer cuando hace apenas cinco días se admitieron seis. Tampoco comparte que en el archivo provisional influya el agotamiento de los tiempos procesales, es decir, de los 18 meses de instrucción.