Los socios de Sánchez se plantean apoyar el ‘plan b’ del PP al estado de alarma

ERC, Bildu, PdeCat, Compromís y Más País estudian respaldar la iniciativa legislativa de Casado ante la inacción del Gobierno

El Gobierno ha insistido este martes en que no ve necesario prorrogar el estado de alarma, que decaerá el 9 de mayo. Esa decisión deja a las&nbsp-comunidades&nbsp-autónomas en manos de los tribunales superiores, que serán los que deberán refrendar sus medidas para frenar los contagios por covid-19, una posición que desagrada a muchos de los socios parlamentarios de Pedro&nbsp-Sánchez. ERC, EH Bildu, PdeCat, Compromís y Más País ya le reclamaron la semana pasada en un debate en el Congreso&nbsp-«una alternativa»&nbsp-jurídica al estado de alarma, pero&nbsp-el jefe del Ejecutivo se la negó, pese a que su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se comprometió en sede parlamentaria a hacerlo el verano pasado. Ante esta situación, esos socios han avisado este martes en la Cámara baja que se están planteando apoyar la tramitación del llamado&nbsp-«plan b» jurídico&nbsp-del PP, aunque, al no haber pleno la semana próxima por las elecciones madrileñas del 4 de mayo, los plazos se alargan y es es improbable que pueda estar aprobado antes del 9 de mayo.

El&nbsp-PNV, socio habitual de los socialistas, no ha aclarado qué hará aunque diversos dirigentes de esa formación están haciendo estos últimos días es insistir directamente en la necesidad de prorrogar el estado de alarma actual, una opción que el Gobierno central ha descartado porque no quiere darle ese comodín a la candidata del PP en Madrid, Isabel Díaz&nbsp-Ayuso, que durante meses se ha revuelto contra las restricciones que recomendaba el Ministerio de Sanidad y se decidían en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

«Fuegos de artificio», según Errejón

El portavoz de ERC, Gabriel&nbsp-Rufián, ha asegurado que su formación incluso apoyaría que se tramitará ese «plan b» por urgencia y en lectura única, como ha sugerido Pablo Casado. Joan&nbsp-Baldoví&nbsp-(Compromís) ha afirmado que él «no estaría en contra» de la proposición de ley «aunque venga del PP». «No me importaría que se sentaran y que fuera esta u otra la solución. Que se escuchara a los presidentes autonómicos y que saliéramos con la certeza de que a partir del 9 de mayo no habrá sentencias contradictorias a medidas iguales», ha considerado. También la portavoz de Bildu, Maite&nbsp-Aizpurua, ha coincidido en que estudiará la propuesta del PP, aunque ha considerado «curioso» que sea Casado quien tome la iniciativa en vez del Gobierno, el mismo comentario que ha lanzado Inés Arrimadas (Cs). «El Gobierno va a pasar del estado de alarma al estado de incertidumbre», ha soltado.&nbsp-Arrimadas&nbsp-no ha querido aclarar si apoyaría la proposición del PP y ha recordado que su partido ya presentó su propia alternativa el pasado noviembre.

Ferran Bel (PdeCat) e Íñigo&nbsp-Errejón&nbsp-(Más País) también se han abierto a respaldar la medida del PP. Para Errejón, no obstante, son «fuegos de artificio» de Casado en plena campaña madrileña porque los plazos legislativos «no dan» para que esa alternativa esté vigente el 10 de mayo.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván&nbsp-Espinosa de los Monteros,&nbsp-ha anunciado que su partido no apoyará la tramitación del ‘plan b’ que el PP porque «ya es hora de que los españoles recuperen su libertad».

Acelerar la vacunación

El Gobierno, sin embargo, sigue sin dar su brazo a torcer y resiste la presión. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús&nbsp-Montero, ha insistido este martes tras el Consejo de Ministros en que el Gabinete “no ve necesaria” la prórroga del estado de alarma, al menos con los datos actuales de incidencia de la pandemia. La tesis de la Moncloa es que las comunidades cuentan con instrumentos “suficientes” para contener el coronavirus, desde la invocación de la ley orgánica de medidas especiales en materia sanitaria de 1986 hasta el abanico de legislación autonómica. Y las autonomías, además, ha apuntalado, han de concentrarse en “acelerar” la vacunación, un elemento clave. Y si requieren de medidas extraordinarias, pueden hacerlo con el refrendo de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, ha recordado.

El Ejecutivo encuentra “curioso” que los grupos que pusieron trabas en las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma, en la primera ola, ahora “se pronuncien en un sentido favorable”. Pero el Gobierno, ha agregado Montero, no prevé cambiar de rumbo, porque además el PP “no comparte” una ampliación de una situación que debe ser “excepcional”.

Tampoco el Gabinete de Sánchez está dispuesto a modificar la legislación actual, como le piden los populares y grupos como ERC o Compromís. Montero ha reiterado la argumentación oficial: la restricción de derechos fundamentales es algo “muy serio” que debe ser regulada con el estado de alarma, para cuyas prórrogas se necesita la autorización del Congreso. El Gobierno “no considera que haya que incorporar” más leyes al marco actual para limitar derechos como la libertad&nbsp-deambulatoria, cree que no hay “vacío legal”. Entiende, ha explicado Montero, que siempre ha de haber un doble control: el de la Cámara baja cuando actúa el Ejecutivo central a través de la alarma, y el de los TSJ cuando intervienen los gobiernos autonómicos. Además, ha seguido, el Consejo Interterritorial puede acordar medidas de “obligado cumplimiento” para todas las comunidades que no requieren de legislación superior.

Fuentes del Ejecutivo rubrican que, hoy por hoy, la decisión de no ir a un&nbsp-nuevo periodo excepcional&nbsp-es firme salvo que la pandemia se desboque. Y tampoco se contempla, agregan, aprobar un estado de alarma por 15 días únicamente, un paso más sencillo para Sánchez porque no le haría falta el plácet del Congreso. El líder socialista tampoco maneja por ahora la opción de convocar la conferencia de presidentes, como le reclaman algunas autonomías, aunque lo hará si estima que existen las&nbsp-“condiciones adecuadas”.&nbsp-“Es bueno que presidentes que pertenecen a una misma formación política se pusieran de acuerdo”, ha asegurado Montero, dirigiéndose a los barones del PP, ya que no todos han lanzado la misma petición.

El Gobierno, pues, fía la situación posterior al 9 de mayo a la&nbsp-cogobernanza&nbsp-con las comunidades que se plasma en el Consejo Interterritorial y a las herramientas de que estas disponen. Pero nada estará completamente despejado hasta que se atraviese el Rubicón de las elecciones madrileñas del 4-M.