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El proceso secesionista suma más de 400 denuncias a ayuntamientos y políticos

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Imagen de la última Diada – AFP
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Joan Coma, edil de la CUP en Vic, el único que se enfrenta a un delito que acarrea cárcel

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà aprovechaba su intervención esta semana en el Pleno de investidura de Rajoy para lanzarle una advertencia al ya nuevo -renovado- presidente del Gobierno. «&iquest-Que les dirá a los de la Unión Europea cuando vaya a hablar con ellos mientras el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont está en prisión?». A su vez, el propio Puigdemont declaraba a la revista «Vanity Fair» que está dispuesto a ir a la cárcel para consumar su hoja de ruta independentista.

Por ahora, sobre Puigdemont no pesa la amenaza de los barrotes, aunque son ya muchos los cargos electos catalanes, así como instituciones como los Ayuntamientos, a los que la justicia ha enfilado a raíz de varios actos derivados del «procés» secesionista catalán. Hasta la fecha, son 406 las denuncias -en sus distintas variantes: querellas, contenciosos, etc.- que afectan a políticos catalanes independentistas y a consistorios.

Según datos aportados por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), hay vivos -algunos se han archivado- 385 contenciosos contra ayuntamientos. La casuística es variada. Entre otros motivos, por no colgar la bandera española en su fachada (116) o por abrir el ayuntamiento el pasado 12 de octubre (58), lo que provocó que la Delegación del Gobierno en Cataluña les enviará sendos requerimientos. Además, hay nueve municipios investigados por la Audiencia Nacional por aprobar mociones de apoyo a la resolución rupturista del Parlament del 9 de noviembre de 2015.

Pero además de los consistorios, la rebeldía de los partidarios de la independencia catalana, mayoritariamente tipificada como desobediencia, acumula varios ilustres nombres propios.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, del PDECat (antigua Convergència), y sus exconsejeras Irene Rigau (diputada del PDECat) y Joana Ortega (Unió) aguardan a saber la fecha del juicio después de que el TSJ catalán haya decidido llevarlos ante los tribunales por organizar la consulta secesionista del 9-N de 2014. A ellos, se les une el diputado de Convergència en el Congreso Francesc Homs, que será juzgado por esta causa por el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

Mas y compañía serán juzgados por desobediencia y prevaricación por celebrar el 9-N pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Para su consuelo, seguramente no irán a la cárcel porque ninguno de los delitos se castiga con la misma. Solo con hasta 10 de años de inhabilitación para cargo público.

Durante la instrucción, tanto Fiscalía -que cambió su criterio inicial- como el TSJ han retirado el cargo de malversación de fondos públicos, que sí se castiga con cárcel. Solo la acusación popular lo pide, aunque es poco probable que prospere.

Desobediencia y prevaricación también son los cargos que pesan sobre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, una independiente, ex de ERC, integrada en la lista de Junts pel Sí. El TSJ ha admitido a trámite la querella que presentó contra ella la Fiscalía por permitir la votación en el Parlament de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Las que abogan por una vía unilateral a la independencia.

En el plano municipal, la nómina de «mártires» de la independencia se ha engrosado últimamente, salpicando a ERC, que hasta entonces veía pasar del lado las causas judiciales.

A raíz de una denuncia del PP, seis concejales del Ayuntamiento de Badalona -gobernado por una alianza de Guanyem Badalona en Comú y la CUP, junto a ERC e ICV- han declarado esta semana ante un juzgado por un delito de desobediencia. Por abrir las dependencias municipales el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, desoyendo una decisión de un juez de lo contencioso que se lo impedía. De entre todos los ediles, hay dos de ERC, aunque el protagonismo lo acaparó José Téllez, de la CUP, que rasgó ante las cámaras una copia del auto del juez.

Por su ADN, la CUP es quien mejor se maneja en la desobediencia. Hasta la fecha, quien más se ha arriesgado es Joan Coma, concejal de la CUP en Vic (Barcelona). El pasado lunes, el edil se negó a declarar ante la Audiencia Nacional (AN), que le investiga a raíz de que la Fiscalía le acuse de un delito de incitación a la sedición. Coma, denunciado por el edil Josep Anglada, exlíder del partido xenófobo Plataforma per Cataluña, instó a la desobediencia de los tribunales cuando el pasado diciembre defendió en el pleno de Vic la moción de apoyo a la resolución de ruptura que aprobó el Parlament el 9 de noviembre de 2015. Su presunto delito, incitación a la sedición, se castigado con una pena de cárcel de 2 a 8 años. Tras negarse a declarar, el juez Ismael Moreno, de la AN podría instar a su detención para obligarle a comparecer. Coma ya se avanzó pidiendo a los Mossos d&rsquo-Esquadra que no acaten esta orden, que debería llegar en breve (fuentes judiciales apuntan a que se concretará ahora tras despejarse la investidura de Rajoy). .

Junto a Coma, otro cargo relevante de la CUP que se ha negado a comparecer ante la justicia -por dos veces- es la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, acusada de un delito electoral por colgar la estelada en el consistorio durante las últimas elecciones generales y autonómicas.

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