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El castigo máximo para los controladores que desataron el caos en 2010 será de 75.000 euros

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Arranca el juicio contra los controladores aéreos – Atlas

Comienza el juicio por la huelga que paralizó hace una década los aeropuertos españoles

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Era 3 de diciembre de 2010, viernes y víspera de puente. Uno tras otro, los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo- todos ellos decían sufrir problemas físicos. Tras la espantada, miles de vuelos fueron suspendidos, el Gobierno de entonces cerró el espacio aéreo. Y para recuperar el control, un día después declaró el estado de alarma por primera vez en la historia de España.

Los hechos desencadenaron un periplo judicial que tendrá su última parada en el juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Fue allí donde este 15 de enero de 2020, casi una década después de aquellos sucesos, comenzó el macrojuicio que determinará definitivamente las responsabilidades de los 133 controladores que participaron en la huelga. Los acusados se enfrentan a una pena máxima de 75.000 euros y un año de inhabilitación.

Solo 14 controladores, sin embargo, se exponen a esta sanción. De los 133 acusados, 119 acusados ya han admitido su culpa, cerrando un acuerdo con la Fiscalía que consiste en una multa de 30.000 euros y cinco meses de suspensión para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados.

En total, 30 controladores acudieron a la primera sesión del juicio, en la que se dirimieron las cuestiones previas. Entre ellas, la difusión de los las grabaciones de Enaire, una petición de la defensa que la jueza que instruye la causa, Margarita Valcarce, desestimó por considera que, diez años después «no era el momento».

El fiscal ha recordado en su escrito de acusación que «a consecuencia del abandono colectivo» de sus puestos de trabajo, los controladores obligaron a cancelar cientos de vuelos solo los días 3 y 4 de diciembre. Una acción que se realizó «asumiendo» que provocaría el cierre del espacio aéreo y que llevaría a Aena a una situación «límite». Además, la Fiscalía destaca que la Junta Directiva del USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para un nuevo convenio colectivo del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga».

La defensa, en cambio, esgrime que realmente lo que se produjo fue «un cierre patronal» y que el cierre del espacio aéreo fue «una decisión política». «Hay 20 juzgados que ya nos han dado la razón en este asunto», explicó a este periódico el portavoz de USCA, Daniel Zamit. Durante los próximos días y hasta el 27 de enero seguirán acudiendo al juzgado el resto de los acusados que han alcanzado un acuerdo. Los controladores que todavía no lo han hecho, por su parte, tendrán hasta el 29 de enero para cerrar un trato con el Ministerio Público. Una vez superado este plazo, empezarán a declarar. Será entonces cuando el mediático César Cabo, cara visible de los controladores aéreos durante el conflicto, acuda al juzgado.

El 8 de marzo, el juicio quedará visto para sentencia. Será el penúltimo paso judicial de un conflicto que obligó a cancelar más de 5.000 vuelos, dejó más de 700.000 afectados y que todavía hoy, una década después, levanta ampollas en el sector aéreo.

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