Economia

Andalucía abre a la libre concurrencia los fondos de formación sin réplica sindical

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El Consejo de Gobierno de Andalucía, presidido por Susana Díaz – Vanessa Gómez
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UGT y CC.OO. recibieron con duras críticas la primera convocatoria del Gobierno de Rajoy

La intensidad de las críticas sindicales varía según quien tome u adopte unas u otras medidas. No es lo mismo las decisiones que toma la Junta de Andalucía que el Gobierno de Rajoy, aunque sea el mismo asunto, en este caso la formación.

A principios de agosto el Consejo de Ministros aprobó la primera convocatoria estatal de ayudas a la formación de los trabajadores ocupados y la dotó de 250 millones. Era la primera convocatoria abierta a la libre concurrencia, sin monopolio sindical y retirando a los agentes sociales de los órganos de control para evitar que siguieran siendo «juez y parte» en el proceso, dado que ellos tienen sus propios centros de formación.

Este año se ha puesto en marcha la reforma que llegó tras los escándalos

Las críticas de UGT y CC.OO. a la aprobación unilateral por parte del Ejecutivo de esta convocatoria elevó el tono de las críticas sindicales, que acusaron al Ministerio de Empleo de no haberles informado de la nueva convocatoria en la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, antigua Fundación Tripartita, órgano que se encarga de informar sobre los planes formativos. Esto ya provocó varios comunicados duros de UGT y CC.OO. y también de la CEOE. «Esta exclusión no puede explicarse en términos legales y es indefendible en términos políticos», manifestó CC.OO. UGT, por su parte, acusó al Ejecutivo de Rajoy de acabar con el «diálogo, consenso, trabajo y acuerdos en la formación» de los últimos años. Crítica que la ministra en funciones, Fátima Báñez, respondió así: «Hemos acordado la convocatoria casi al 100% con los agentes sociales». Añadió que el hecho de que los agentes sociales no estuvieran en el órgano técnico que gestiona las ayudas «no quiere decir que no tengan participación».

La Junta de Andalucía convocó ayer su primera dotación para la primera convocatoria de formación bajo el paraguas de la misma norma y las centrales sindicales no abrieron la boca. Esta primera convocatoria en la comunidad andaluza está dotada con 71 millones y tampoco ha sido ni informada ni negociada con los agentes sociales.

En 2015 el Ejecutivo aprobó una profunda reforma de la formación profesional para dotarlo de transparencia tras el rosario de escándalos ocurridos sobre todo en Andalucía. En 2014 la UDEF reveló que al calor de las ayudas millonarias y aprovechando la falta de control surgió una red de empresas «caza subvenciones». Había cursos que no se realizaban, alumnos falsos e incumplimiento generalizado de los compromisos de contratación. El foco se puso sobre UGT en Andalucía y tres de la Junta fueron imputados.

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