Los peritos cuestionan la validez del informe que ‘condenó’ al proyecto Castor

Los expertos aseguran que las principales conclusiones del informe Juanes no tienen sustento científico

Todos contra Juanes. La penúltima sesión del juicio del caso Castor en la Audiencia de Castellón pivotó en torno al informe que sirvió de base para el Gobierno de España a la hora de detener definitivamente la actividad en el almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs en el norte de la provincia de Castellón. Expertos llegados desde Stanford, Florida, San Francisco y Bristol cuestionaron este miércoles ante el juez la validez científica del mentado informe, que realizó Rubén Juanes.

El llamado informe Juanes concluyó que los sismos de septiembre y octubre de 2013 se situaban en la falla Amposta, y que se pudieron producir debido a la inyección de gas en el almacén de Castor. En él se basó el Gobierno para clausurar la actividad en la plataforma por el supuesto riesgo de nuevos seísmos de hasta 6,8 grados de magnitud. Sin embargo, tanto Mark Zoback como Chales Connor, Gabriel Toro o Mikel Diez, expertos mundiales en sismicidad inducida y evaluación de riesgos sísmicos, coincidieron en afirmar que científicamente no se ha verificado que la falla Amposta sea activa o capaz de producir terremotos, que la sismicidad no la produjo la falla Amposta –porque fue de una forma incompatible con ella– y que es «especulativo» afirmar que se produjo una interacción entre fallas. Su conclusión general es que «a día de hoy» el proceso que produjo la sismicidad es aún «desconocido» por la comunidad científica.

Diez, por ejemplo, afirmó que la metodología empleada por Juanes «no es adecuada en las Ciencias de la Tierra». «Empieza presuponiendo que la falla Amposta está activa y que existe una relación causal entre ella y los seísmos y en base a ello construye un modelo que además señala un desplazamiento contrario» al de la forma de la propia falla. Afirmó que el «informe no es una verdadera evaluación de riesgos» y que «no hay nada que sustente científicamente» la afirmación de que podría haber un sismo de 6,8.

Inconsistencias

Otros expertos como Toro remarcaron una «inconsistencia interna» del informe Juanes, al apuntar que «la inclinación de la falla Amposta no es compatible con el movimiento» sísmico que se produjo. Zoback apuntó que existe ahí «una confusión desde el principio» y subrayó la falta de evidencias científicas. «Conozco al profesor Juanes y a otros miembros de su equipo y son personas inteligentes, pero creo que hay muchos errores, pienso que no han leído en profundidad el informe ni han comprobado los detalles. Si me lo entrega un alumno, como borrador, se lo devuelvo para corregir. Así jamás se habría aceptado», afirmó Zoback, profesor de geofísica de la Universidad de Stanford.

También declaró este miércoles Pablo Palacios, sismólogo de Ecuador, que insistió, una vez estudiado el caso, en que «lo único que queda claro es que la sismicidad no la produjo la falla Amposta». Asimismo, Eduardo Salete, ingeniero de Caminos y experto en sismicidad inducida y evaluación de riesgos, defendió que los cálculos realizados por la Fiscalía para defender que Escal no rebajó el caudal de inyección de gas distorsionan las medidas oficiales y no son válidos. Además, Salete comentó que los seísmos que se produjeron son «habituales» y no peligrosos, que en Castellón hay fallas activas más peligrosas que la falla Amposta y que el informe Juanes desembocó en «conclusiones alarmistas».

La última de las once sesiones programadas se celebrará el lunes 18, con la declaración grabada de uno de los directivos de Escal (la empresa adjudicataria del almacén), Carlos Barat, ya fallecido, y las conclusiones de Fiscalía, de la acusación particular y de las defensas de los acusados: Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, ex presidente de Escal UGS y ex consejero delegado de la empresa concesionaria, respectivamente, y la propia empresa.