Economia

El Tribunal de Cuentas de la UE destapa el fracaso del cielo único

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Los controladores cuestionan la utilidad del programa Sesar – REUTERS

El organismo fiscalizador critica la financiación «innecesaria» de más de 3.800 millones de euros que la Comisión destinó a la mejora de la gestión del tránsito aéreo

Desde su puesta en marcha en 2004, la política del Cielo Único Europeo (CUE) continúa siendo apenas un concepto. Más aún cuando su pilar tecnológico, el conocido como programa Sesar, resulta ser un fracaso. Al menos así lo ha confirmado en su último informe el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que tilda de «innecesaria» la financiación que la Unión Europea ha destinado a este proyecto, un total de 3.815 millones de euros, y destapa las «deficiencias» en la gestión de dichos fondos, que depende en última instancia de la Comisión.

La auditoría europea ha examinado la tercera y última fase del programa Sesar, que nació en 2005 para armonizar y modernizar los sistemas de gestión de tránsito aéreo (ATM, por sus siglas en inglés) entre los 28 países miembros. En aras de lograr el sueño del CUE, se dedicaron, en un principio, 2.500 millones de euros, de los cuales 104 millones irían a parar a España, a la adopción de seis tecnologías. Sin embargo, «no están claros los beneficios obtenidos con los fondos de la UE empleados para el despliegue de Sesar», señala George Pufan, miembro del TCE encargado del informe.

Aunque la institución encargada de controlar las cuentas comunitarias reconoce que el programa «aporta valor», el informe deja claras sus múltiples «deficiencias». Primero, porque la financiación era «innecesaria», pues la mayoría de proyectos podrían haberse financiado sin ayuda comunitaria, en muchos casos, porque los ATM recuperan la inversión con las tarifas a los usuarios del espacio aéreo, los operadores de las aeronaves, quienes pagan alrededor de 900 euros por vuelo (según los últimos datos de Eurocontrol).

Además, a la hora de distribuir los fondos entre las partes interesadas —países miembros y otras entidades del espacio aéreo—, el proyecto preveía que las flotas militares y del Estado, la aviación general y la aviación de negocios no encontrarían incentivos para invertir, a diferencia de los proveedores. Por ello, se acordó que el grueso de la financiación la recibieran los primeros, que operan en el aire. Sin embargo, el 88% de las subvenciones concedidas entre 2014 y 2017 (1.444 millones de euros) fueron para las partes que operan en tierra, y un 10% (159 millones), a las que operan en el aire.

A ello se suma que gran parte de los proyectos se lanzaron antes de adoptar la decisión de cofinanciación de la UE, además de ser propuestas difíciles de evaluar por su heterogeneidad y falta de transparencia, al agruparse por razones administrativas y no para armonizar las inversiones.

Falta de sincronización

El objetivo del programa europeo era realizar «proyectos comunes», esto es, coordinar las inversiones. No solo para garantizar la interoperabilidad en un sector tan fragmentado, sino para mitigar la «ventaja de ser el último», pues algunos países podrían retrasar su inversión bajo la máxima de que los beneficios llegan solo cuando todas las partes están equipadas. Pero más del 70% de los proyectos cofinanciados fueron ejecutados por una sola parte interesada.

Así, con este tirón de orejas a la Comisión, el Tribunal recomienda mejorar la orientación de los «proyectos comunes» y reforzar su eficacia, revisar el apoyo financiero de la UE a la mejora de la gestión del tránsito aéreo, así como formalizar la preparación y presentación de las solicitudes de financiación, y garantizar un seguimiento adecuado de los beneficios que reporta modernizar el sistema ATM.

Por su parte, la Comisión ha emitido un documento en el que responde que «acepta las recomendaciones» del TCE e incluye algunos matices. Por ejemplo, que el proyecto era tan solo «el primer intento de desplegar las soluciones Sesar» y que la financiación de la UE no es sino un «valor añadido a la hora de generar un efecto palanca importante». Y respecto a que la financiación terminase en manos de los proveedores, en lugar de ayudar a las partes que operan en el aire, argumenta que atendía a «la necesidad urgente de actualizar la infraestructura terrestre».

Con todo, el informe del Tribunal no es el único en criticar el programa. «No nos sorprende este análisis», opinan desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), sindicato que lleva tiempo cuestionando la utilidad de esta financiación y reclamando una mayor supervisión del análisis coste beneficio de la misma. «Es necesario un mayor control para que no se despilfarre el dinero en proyectos que no tienen sentido», apuntan.

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