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Oltra niega que su relación con el educador condenado influyera en la conselleria

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Insiste en comparar el trato al caso de su exmarido con otra sentencia sobre menores prostituidas, pero esta no critica la actuación de Igualdad

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que su relación personal con el educador social condenado por abusos sexuales continuados a una menor tutelada por la Generalitat no influyó en la gestión que su conselleria hizo de este asunto. Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de la consellera Oltra, ha sido condenado por la Audiencia de València a la misma pena dictada hace poco más de un año (cinco años de prisión) tras la repetición del juicio. La sentencia reitera la pena de cárcel, aunque le añade la agravante de superioridad y es dura con la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de Oltra, a algunos de cuyos técnicos señala por su «hostilidad» y «falta de empatía» hacia la víctima.

Al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre hasta qué punto su relación con el condenado podría haber influido en el proceder de la conselleria, Oltra contestó: «Rotundamente, no».

La vicepresidenta y líder de Compromís remarcó a lo largo de su intervención que este caso concreto está en el foco mediático y de la oposición por la relación que mantenía con el educador.

La sentencia de Monteolivete

La portavoz del Consell subrayó que se habla de esta sentencia, pero no de otra que constata que dos menores de un centro de protección de la Generalitat (en el barrio valenciano de Monteolivete) practicaron la prostitución mientras residían en el alojamiento.

«La única diferencia entre ambos casos es mi relación personal, no se pone en el centro a las víctimas», reprochó.

No obstante, admitió que desconoce los detalles de esta sentencia sobre Monteolivete y si esta también carga contra la actuación de la conselleria, como pasa en la de su exmarido.

Sin embargo, la resolución del Supremo sobre estas dos menores que realizaron sexo con un hombre ajeno al centro a cambio de dinero y marihuana no incluye referencia alguna hacia la gestión de la conselleria o de los responsables del alojamiento.

El fallo, al que ha tenido acceso este diario, confirma la pena sobre esta persona por corrupción de menores y no cuestiona la actuación de técnicos o responsables públicos. Se entiende porque todos los contactos sexuales tuvieron lugar fuera del centro de menores y no medió ni participó nadie de este.

El condenado en este caso quedaba con dos chicas fuera del recinto, las recogía en su furgoneta, las conducía a un solar, donde se producían los hechos delictivos, por los que pagaba a las menores, primero con marihuana y luego con dinero.

Oltra también se refirió ayer, como en el vídeo para anunciar que dará explicaciones en las Cortes, al machismo imperante en la sociedad hace que se estigmatice a las mujeres, en este caso, a ella misma, por haber sido pareja del monitor condenado.

Y como prueba puso el ejemplo de que en muchos artículos periodísticos se ha omitido el nombre de su exmarido, oculto tras las siglas, pero en cambio sí que se ha puesto el suyo en titulares. Una reflexión que apunta a que ella se considera también víctima de lo ocurrido.

Responsabilidades limitadas

En una complicada comparecencia (y en la que Oltra por momentos se quebró), aseguró que asume las responsabilidades políticas de este caso y de todos los demás que afectan a su conselleria (Igualdad y Políticas Inclusivas). No obstante, acotó esta responsabilidad a dar explicaciones antes los medios de comunicación y en las Cortes.

Oltra admitió «disfunciones» y «errores» en la gestión de este asunto, si bien subrayó en dos ocasiones que en este proceso «no se juzga a la conselleria, sino al condenado». «Cualquier error o disfunción por parte del tribunal se analizará al detalle para mejorar la actuación de la administración», señaló.

La portavoz defendió que «cuando la dirección política de la conselleria» tuvo conocimiento de las sospechas de abusos en el centro concertado ordenó a la dirección territorial que prestara toda su colaboración a la Fiscalía. Añadió que en septiembre (de 2017), pocos meses después, se aprobó un nuevo protocolo que incide en la obligación de «comunicar a Fiscalía de Menores cualquier sospecha de abuso».

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