Homs insiste en que el TC no dejó claro el alcance de la suspensión mientras otro contratista refuta a los encausados
Encarando la recta final del juicio, las pruebas y lo aportado por los testigos comienzan a desmontar la estrategia de las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de sus exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. En contra de lo sostenido por estos, y por lo que se ha podido conocer durante los tres días de juicio ya celebrados, ni la consulta del 9 de noviembre de 2014 fue legal, ni la organizaron en exclusiva voluntarios, ni los centros donde se votó actuaron sin ser coaccionados. Y, lo que es relevante para que el tribunal alcance un veredicto, a la advertencia del Tribunal Constitucional de que la consulta no podía llevarse a cabo no puede alegarse desconocimiento.
Las proclamas, las banderas, los discursos épicos del primer día han dado paso a unas jornadas de contenido más técnico, con mucho fondo jurídico, menos atractivas desde el punto de vista político, pero, en definitiva, más esclarecedoras para conocer el verdadero alcance penal de la conducta de los encausados. Con numerosas pruebas, y el concurso decisivo de testimonios inequívocos, la Fiscalía trata de demostrar que la consulta salió adelante con el impulso decisivo de los encausados, a sabiendas de que el TC la había suspendido.
Por parte de las defensas, los discursos encendidos del lunes ante la sede del Palacio de Justicia han dado paso a una defensa que trata de encontrar cualquier resquicio legal que permita pedir la absolución. Nada de heroísmo en las defensas de Mas, Ortega y Rigau, algo que, de manera significativa, ha molestado a la CUP, que reclama hacer bandera de la desobediencia. La jornada de ayer, aunque con el testimonio de las defensas de varios dirigentes independentistas, siguió por esos derroteros. Para apoyar lo que explicó Mas el primer día, compareció Francesc Homs, entonces consejero de Presidencia, y también encausado por los mismos hechos, aunque en su caso en el Tribunal Supremo dada su condición de diputado.
Homs señaló que, en su doble faceta de consejero y de abogado, comunicó al Govern que consideraba ajustado a la ley proseguir con el 9-N tras la suspensión del Constitucional. Se basó en los informes de los servicios jurídicos de la Generalitat y en su propia experiencia como letrado: «No fui un mero transmisor (…) yo configuré la decisión final». Al respecto, Homs apuntó que consideraba legal la actuación del Govern dado que el TC no atendió la petición del Gobierno de reclamar que el tribunal advirtiese de manera expresa de las consecuencias de llevar a cabo la consulta. Un argumento que en su momento se rechazó al asegurarse que el TC no tiene funciones de policía judicial.
En esta misma línea argumental, Homs recordó que pese la demanda de la Generalitat para que el TC detallase con claridad qué aspectos del proceso participativo quedaban suspendidos, el tribunal no aclaró su postura, algo que, dijo, les acabó de convencer para seguir adelante. Tras su intervención, Homs protagonizó la anécdota de la jornada, por llamarlo así, cuando, ya fuera de la sala, abordó al fiscal Ulled: «¡-Qué lástima que no me hayas preguntado, porque te habría podido contestar!». Según fuentes presenciales, Ulled le animó a llamar a Madrid para pedir que le asciendan a la Fiscalía del Supremo, igual que el Govern ascendió, dijo el fiscal, a muchos de los cargos que han declarado en la causa del 9-N.
El juicio a Homs, el 27
De manera simultánea a estos hechos se conocía que el juicio a Homs en el TS se celebrará a partir del 27 de febrero. Se ha rechazado que declaren como testigos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- el ministro de Justicia, Rafael Catalá- el ex fiscal general Eduardo Torres-Dulce y el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, como había solicitado el acusado, informa Luis P. Arechederra.
En el juicio del 9-N en Barcelona, también por parte de la defensa compareció el expresidente del Consejo Asesor de la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, que abundando en los argumentos de Homs apuntó que la prohibición ordenada por el TC era tan «genérica» que necesitaba una clarificación. Ante la ausencia de la misma, y como es sabido, la Generalitat tiró por la calle de en medio. Pi- Sunyer fue vicepresidente del TC entre 1998 y 2001. En la misma línea comparecieron el exalcalde de Barcelona Xavir Trias y los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol.
Frente a estas posiciones, un testigo, en este caso de la empresa de transportes Sertrans, sumó su testimonio al del resto de contratistas que el martes dejaron claro que la Generalitat estuvo detrás de la logística del 9-N. El reparto de urnas y de papeletas en los centros de votación se produjo entre el 7 y el 8 de noviembre.
El juicio prosigue hoy con media docena de testimonios de la defensa -centrados en el papel de los voluntarios y los trabajadores de la Generalitat-, así como con una prueba pericial.