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Los testigos confirman que la Generalitat les presionó para abrir los centros el 9-N

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Dolores Agenjo, ayer a las puertas del TSJC tras declarar como testigo – EFE
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Una directora de instituto y varios contratistas desmontan la estrategia de defensa de Mas, Ortega y Rigau

De las proclamas a la logística. Tras una primera jornada del juicio por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 marcada por la manifestación de apoyo al expresidente Artur Mas y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, el segundo día de las declaraciones dejó atrás la épica y las banderas al viento para adentrarse en un terreno mucho más concreto: el de la logística, los datos, las fechas… Jornada menos retórica pero mucho más esclarecedora para determinar el verdadero objeto del juicio, conocer si los tres encausados siguieron organizando directamente la consulta soberanista a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional hecha pública el día 4 de ese mismo mes.

Dos aspectos ocuparon la jornada: la participación de los centros de educación secundaria como puntos de votación, con las supuestas presiones que recibieron sus directores para ceder las instalaciones- así como todo el apartado logístico a cargo de contratistas, desde la confección y traslado de las urnas de cartón hasta el montaje del centro de recuento de votos. En ambos casos se dieron versiones contrapuestas, aunque la minuciosidad con la que el fiscal Sánchez Ulled llevó los interrogatorios hizo cundir la sensación de que la acumulación de pruebas contra los encausados es cada vez mayor.

Donde se apreció esto con más claridad fue en el caso de los centros de enseñanza. Como testimonio de la acusación destacó Dolores Agenjo, en ese momento directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet (Barcelona), y cuya negativa a entregar las llaves del centro hizo que fuese el único de Cataluña que no se utilizó como sede electoral. Agenjo, ya jubilada, y que tras lo sucedido el 9-N acabó integrándose en Ciudadanos (cerró la lista de las elecciones generales por Barcelona), entró en el fondo de la cuestión, revelando que el día 7 de noviembre (tres días después de la orden del TC) recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, a lo que se negó si no recibía una orden por escrito. «Me dijo que era la última que quedaba» por entregar las llaves, apuntó Agenjo, lo que le hizo sentirse «muy violenta».

Según Agenjo, Llobet llegó a mostrar su predisposición a entregarle una orden por escrito, pero advirtiéndole de si pensaba enseñársela a alguien. «Si tenía dudas sobre la legalidad de aquello, esto acabó de iluminarme», concluyó Agenjo.

Te han engañado

Su versión había sido corroborada en parte con anterioridad por el primer testigo en comparecer, el inspector de Educación Josep Rafael A.D., que explicó que otra directora de instituto, en concreto el Pompeu Fabra de Badalona, también se resistía a entregar las llaves, ya que no recibía ninguna directriz por escrito. Ante esta situación, apuntó el inspector, la directora recibió «presiones», con llamadas de los responsables de Enseñanza.

Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: «Me parece que te han engañado».

Otros testigos, por contra, difirieron de estas explicaciones. Josefa Bosch, la directora del instituto de Badalona aludida, por ejemplo, negó haber recibido coacciones. «Presión habría sido obligarnos», apuntó. En la misma línea también compareció la entonces responsable de los la Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, que, en alusión al caso de la directora del instituto de L’Hospitalet en el que no se acabó votando, dio su versión: «Como directora territorial le pedí que me facilitara las llaves, y me dijo que no, que quería un escrito. Le pregunté, ¿por qué lo necesitas? Y me respondió: porque lo llevaré a la delegada del Gobierno en Cataluña para su conocimiento».

Por la tarde, las comparecencias se centraron en aspectos logísticos, con varios testimonios que aseguraron que desde la Generalitat, pese a que la administración aseguró que la consulta la organizaron voluntarios, siguió dando órdenes pese a la suspensión del TC. Así, por ejemplo, quien en ese momento era director del Centro de Telecomunicaciones, Jordi Escalé, reconoció que se repartieron ordenadores de la Generalitat los días 7 y 8 de noviembre, mientras que Daniel Martínez, consejero delegado de la empresa Focus, reconoció que el contrato para montar el centro de prensa lo firmó el día 7, aunque el acuerdo se selló verbalmente el día 3.

Los aspectos técnicos darán paso hoy a un previsible nuevo capítulo de pirotecnia política, con las comparecencias, entre otros, del también encausado en el Tribunal Supremo Francesc Homs, o la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert. La estrategia de las defensas y la lectura política que se hace del proceso no es precisamente menor, hasta el punto de que la CUP mostró ayer su enfado por el hecho de que Mas no haya asumido como propio el acto de «desobediencia» que supuso el 9-N.

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