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La oposición llevará ante el fiscal la Ciudad de la Justicia

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Uno de los edificios de la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas – ISABEL PERMUY
Madrid

Consideran que se han cometido posibles irregularidades en la gestión de 140 millones de euros mientras el PP cree que no hay delitos sino «cuestiones administrativas»

La gestión del dinero público en la Ciudad de la Justicia puede acabar ante la Fiscalía, si prospera la tesis de los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid. PSOE ha presentado un informe en el que apunta posibles irregularidades en el proyecto, y este grupo parlamentario, junto con los de Podemos y Ciudadanos, proponen el traslado de los datos al fiscal por creer que pueden haberse cometido «ilícitos penales», ha apuntado la diputada socialista Mercedes Gallizo. Desde el PP se ha mostrado en desacuerdo, por considerar que no son delitos sino «cuestiones administrativas o consideraciones generales sobre la oportunidad» de esta iniciativa.

Al término de la Comisión de Estudio sobre el Endeudamiento de la Comunidad de Madrid que se celebra en la Asamblea de Madrid, la diputada Gallizo planteó su oposición a considerar que «se trató de una mala gestión, que alguien se equivocó», ya que considera que lo que ocurrió fue que se designó «a dedo» a determinada persona «para una función plagada de irregularidades y de contrataciones fuera de los cauces habituales». Es partidaria de la remisión del tema a la Fiscalía para que aclare si ha habido irregularidades.

Podemos cree que «se acumulan suficientes indicios de que se cometieron delitos o despilfarros inexplicables»

Para el portavoz de Podemos en la comisión, Eduardo Gutiérrez, «se acumulan suficientes indicios de que se cometieron delitos o despilfarros inexplicables» en un proyecto en el que se tiraron «a la basura 140 millones de euros» de dinero público. El portavoz de la formación morada en la Asamblea, José Manuel López, precisó que entre las cuestiones que deberán explicarse ante el fiscal, se encuentran más de 70 viajes internacionales sin justificar o una asignación «sin concurso» al arquitecto Norman Foster.

Por parte de Ciudadanos, su diputada Susana Solís tambmién apunta la posibilidad de «delitos societarios como administración desleal» y por apunta: «Creemos que habría que trasladarlo a la Fiscalía, pero hay que ser rigurosos». Por eso, Ignacio Aguado, portavoz de este grupo, manifestó que su grupo valorará si se apoya la propuesta de llevar el asunto a la Fiscalía.

«Ojos de poscrisis»

No están de acuerdo en ello, sin embargo, los diputados del grupo popular. Su portavoz, Enrique Ossorio, ha aclarado que «más que delitos o cuestiones que supusieran delito», de lo que se trata es de «cuestiones administrativas o consideraciones sobre la oportunidad» de acometer esta operación, que cree que ahora está siendo analizada «con ojos de poscrisis», cuando el proyecto se llevó a cabo «antes de la crisis» y «podría haber sido una oportunidad para Madrid».

Tampoco el diputado popular en la Comisión de Estudio sobre el Endeudamiento de la Comunidad de Madrid, Juan Antonio Gómez-Angulo, está de acuerdo en remitir el informe de conclusiones sobre el Campos de la Justicia a la Fiscalía. Ha añadido que, a su juicio, la comisión no puede adoptar unas conclusiones «parciales».

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