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La Junta quiere convertir a los vigilantes municipales en policías

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El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, preside el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León – ICAL
Sociedad

Esta figura existe en 20 municipios de Castilla y León y realizan la misma labor que los agentes locales

Cada día instruyen atestados, custodian los bienes y edificios, velan por la seguridad de los vecinos, dirigen el tráfico y resuelven conflictos. Cumplen con todas y cada una de las funciones encomendadas a los policías locales pero no lo son. Se trata de vigilantes, una figura de la que ejercen 42 hombres y mujeres en 21 municipios de Castilla y León que no cuentan con la suficiente población o recursos como para dotarse de un cuerpo pero en los que por distintos motivos se ha considerado necesaria la existencia de una autoridad más allá de los servicios de la Guardia Civil en el entorno rural. Aunque aseguran que sus cometidos y forma de acceso al puesto «son los mismos», de momento, ocupan una «categoría profesional inferior» a los agentes municipales. Situación que la Junta pretende frenar igualando ambas condiciones a través de un anteproyecto de ley que modifica la actual normativa y que ayer recibió el visto bueno Consejo de Cooperación Local.

Con esta modificación se pretende ajustar un desequilibrio que ha crecido con el paso del tiempo. La Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León de 2003 definió a los vigilantes municipales considerando entonces que «tenían una menor carga de trabajo, menos conflictividad y menor exposición al riesgo, por lo que se les clasificó en un grupo funcionarial inferior». Tres lustros después, «han surgido nuevas circunstancias», la carga es mayor y también la criminalidad. Esta situación «justifica» el cambio y «aconseja revisar esta figura», expusieron desde la Consejería de la Presidencia.

Uno de los principales cambios que se materializarán si se les asciende de categoría profesional para quienes cumplan los requisitos será la de visibilizar su autoridad. Y es que en sus uniformes pone «vigilante municipal». Si se aprueba la ley, ese término desaparecerá para dejar claro que son la «policía». Además, como tal, el segundo gran salto será que podrán dotarse de un arma, que actualmente no tienen permitida.

Desde la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León defienden que el colectivo ha pasado una oposición, cumplido con unos conocimientos teóricos y unas condiciones físicas, ha recibido su formación y ejerce velando por la seguridad de sus vecinos, al igual que sus hasta ahora hermanos mayores. De esta forma, celebran este «paso» que pone fin a «la discriminación» con su conversión en policía municipales, un colectivo que suma 2.464 efectivos en 72 municipios de la Comunidad.

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