El PP denunció la posible financiación irregular de la coalición en 2015
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra Compromís por la financión durante las elecciones autonómicas y municipales celebradas en mayo de 2015. Según la notificación hecha pública ayer, el ministerio fiscal estudiará la denuncia interpuesta por el PP de la Comunidad Valenciana en la que cuestionaba el destino de fondos electorales y sus fuentes de ingresos.
El partido que dirige Isabel Bonig presentó el escrito el pasado 5 de octubre por una presunta financiación irregular en base a un informe del Tribunal de Cuentas. En él se alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda.
El organismo también concluía que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros, además de remarcar la existencia de un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros.
La denuncia del PP también recoge que el Tribunal de Cuentas apreciaba que los recursos declarados (396.503,45 euros) eran «a todas luces insuficientes» para hacer frente al gasto electoral declarado (1.280.965,86 euros), por lo que entienden que necesariamente se han tenido que emplear otros recursos no declarados para el pago de los gastos de la campaña electoral».
De todo lo anterior se infiere, exponen los populares en su escrito, que se han destinado fondos electorales -percibidos como subvención o como aportaciones- al pago de gastos que no tienen naturaleza electoral, por lo que «podría tratarse de un presunto delito de apropiación indebida de fondos».
En segundo lugar, sostienen que la contabilidad electoral no recoge el modo en que se han pagado los cerca de 800.000 euros que se declaran como pendientes de pago a proveedores, «ocultando la procedencia de los fondos destinados a tal fin e impidiendo que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar tienen una procedencia lícita».
El PPCV indica que de estos presuntos delitos serían responsables, en concepto de autores, el administrador general y el administrador de la candidatura y, además, las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales.
Desde Compromís se limitaron a señalar ayer que la apertura de diligencias únicamente se trata de «un trámite para pedir información» y que «no hay ningún problema» con sus cuentas.
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