La fiscal Élianne Houlette baraja dos alternativas: el sobreseimiento libre o provisional (poco probable)- o la apertura de una instrucción definitiva y previa a un posible proceso del candidato conservador a la presidencia de la República
Posible aldabonazo en la campaña presidencial francesa. Se presta al Fiscalía especializada en delincuencia económica (PNF, por sus siglas en francés) una decisión «inminente» en el caso de François Fillon y su esposa, sospechosos de cobrar 900.000 euros a través de un empleo presuntamente ficticio.
Según el semanario Journal du Dimanche (JDD, independiente), tradicionalmente bien informado, la fiscal que ha instruido una «investigación preliminar» pudiera tomar una decisión rápida, los próximos días.
La fiscal Élianne Houlette baraja dos alternativas: el sobreseimiento libre o provisional (poco probable)- o la apertura de una instrucción definitiva y previa a un posible proceso del candidato conservador a la presidencia de la República.
La fiscal del PNF, una institución creada el 2013 para perseguir delitos económicos, pudiera tomar tres tipos de decisiones: confiar a uno o dos fiscales la responsabilidad de comenzar a instruir el posible delito de extorsión de bienes al Estado- o citar «discretamente» a François Fillon para comunicarle su decisión de procesarlo, antes o después de una eventual «tregua electoral».
Los abogados de los esposos Fillon denuncian, desde hace días, el comportamiento de la fiscal, estimando que el PNF no está «capacitado» para juzgar un caso «que escapa a sus competencias». Esa estrategia defensiva parece sugerir el miedo del comienzo de la instrucción del posible proceso, durante la campaña de las elecciones presidenciales, a dos vueltas, del 23 de abril y el 7 de mayo próximos.
Cuando estalló el escándalo, Fillon anunció que retiraría inmediatamente su candidatura, dejando abierta la posibilidad de su posible sustitución como candidato conservador a la jefatura del Estado.
Tras dos semanas de instrucción previa, las conclusiones de la fiscalía no parecen augurar un sobreseimiento rápido del caso, cuyo calendario pudiera provocar un aldabonazo espectacular de la campaña.
Si la fiscal decidiese el sobreseimiento improbable, Fillon podría relanzar su campaña insistiendo en la confirmación oficial de su inocencia.
Si la fiscal decidiese proseguir los procedimientos jurídicos, la campaña personal de Fillon entraría en un campo de minas incendiarias.
Si la fiscalía iniciase los procedimientos de una posible inculpación del candidato conservador, Fillon se vería obligado a retirar su candidatura o enfrentarse a la fiscalía en un debate jurídico igualmente incendiario. Si la fiscalía decidiese una «tregua electoral», Fillon podría argumentar que &ldquo-no existen cargos contra él&rdquo– pero la elección de un presidente sobre el que pudieran pesar dudas de posible corrupción podría convertirse en una amenaza política temible.
El 17 de marzo próximo es el último día que pueden presentarse nuevas candidatura a la presidencia de la República. Es la fecha «tope» para descabalgar a Fillon como candidato conservador, si las circunstancias no precipitan una imprevisible «solución» los próximos días.