Espana

Feijóo remite a Sánchez un borrador de Decreto Ley para saldar la deuda con las CCAA

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Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento, este miércoles – EFE

El presidente de la Xunta anuncia el envío de la propuesta junto a una carta y el informe de los letrados de la Xunta

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado en el Parlamento que remitirá una carta al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le pide que «reconsidere el bloqueo descabellado» sobre las Haciendas autonómicas, que en el caso de Galicia asciende a 700 millones de euros, y que afecta a partidas como sanidad, servicios sociales y educación, a la que adjuntará el informe de los letrados de la Xunta de Galicia, que ratifica que el Ejecutivo puede poner fin a este bloqueo a pesar de estar en funciones, así como una «propuesta de Real Decreto Ley para aprobar la próxima semana en el Congreso de los Diputados».

El anuncio de este triple envío a Sánchez ha llegado en el último instante de la segunda réplica del presidente de la Xunta al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, con quien ha protagonizado su primer cara a cara en la cámara. Tras anunciar el traslado de la documentación al presidente socialista en funciones, Feijóo ha interpelado a Caballero: «¿Está usted de acuerdo con una propuesta de real decreto ley para que Galicia pueda recibir los 700 millones? Tiene dos posibilidades: seguir como hasta ahora, un títere dentro del PSOE, o empezar a darse cuenta de que en este Parlamento hablamos de cosas serias, no de mítines».

El borrador del Real Decreto Ley «por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación autonómica», al que ha tenido acceso ABC, consta de dos artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. El artículo primero recoge la «concesión por el Ministerio de Hacienda de anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos, del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y del fondo de suficiencia». A su vez, el primer punto del primer artículo establece que se acordarán los anticipos de tesorería «a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos, del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de suficiencia».

El segundo punto fija que estos anticipos «podrán alcanzar un importe de hasta la diferencia entre los importes de los pagos a cuenta comunicados en julio de 2018 por el Ministerio de Hacienda según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y los efectivamente satisfechos en el actual contexto de prórroga presupuestaria». Adicionalmente, se podrá «adicionar a la cantidad anterior a anticipar, una cantidad equivalente a la mensualidad de IVA no tenida en cuenta para la liquidación de 2017 por aplicación del SII». De acuerdo con el punto tres, los anticipos «tendrán la consideración de recursos no financieros de las comunidades autónomas y serán cancelados en el momento en que se practique la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente al ejercicio respecto del que se hayan concedido».

El artículo segundo modificaría el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, dando una nueva redacción al apartado 3 del artículo 61 ter y al apartado 4 del artículo 71. El IVA de 2017 es otra de las partidas bloqueadas y que engordan la deuda de 700 millones. «La compensación por la merma en la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2017, recibida el pasado mes de julio, se puede incluir también en este anticipo si se corrige la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido reestableciendo el plazo de presentación de declaraciones vigente hasta 2016», se puede leer en la exposición de motivos.

Por la disposición adicional primera, el Gobierno, tras recibir informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, «acordará la aprobación de incentivos a las Administraciones Territoriales que cumplan las reglas fiscales, con el fin de que los menores recursos consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso de deudas frente al Estado tengan un impacto menor sobre su ratio de deuda». La disposición adicional segunda habilita a Hacienda a que realice «las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Ley».

«Solución más sencilla y rápida»

Como consta en la exposición de motivos, «ante la falta de actualización de los recursos del sistema de financiación en la medida en que existe una situación de prórroga presupuestaria, se hace necesaria la toma de medidas que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y el despliegue de las políticas de sanidad, educación, política social y demás de competencia autonómica sin mayor impedimento».

«De entre las diversas soluciones normativas posibles para superar el problema creado por la falta de actualización de los pagos a cuenta del sistema de financiación y los efectos del SII», incide el texto, «en esta norma se opta por la que se cree más sencilla y rápida». Y añade: «El fundamento de esta solución se encuentra en el artículo 64 de la ley 22/2009 que, en su apartado dos establece la posibilidad de que el Tesoro efectúe anticipos a las Comunidades Autónomas a cuenta de los recursos que hayan de percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la cobertura financiera de los servicios transferidos, para que aquéllas puedan hacer frente a desfases transitorios de tesorería, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de sus presupuestos».

La propuesta de la Xunta es un paso más en la reacción del Gobierno autonómico a la inacción del Ejecutivo Sánchez, tras múltiples demandas, envíos de cartas y solicitud formal de reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y toda vez «acreditada la existencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad, derivadas de la imperiosa necesidad de la actualización de los recursos del sistema y dado lo avanzado del ejercicio presupuestario en que nos encontramos, para evitar graves daños al interés y servicio público derivados de la falta de financiación». El objetivo es que el Real Decreto Ley «pueda ser objeto de una aplicación efectiva y aportar los recursos antes del cierre del ejercicio presupuestario», plasma el borrador.

«Lo contrario al señor Sánchez»

En su réplica a Caballero, Feijóo ha expuesto que su plan de acción para el año que resta de legislatura pasa por «hacer justo lo contrario al señor Sánchez»: gobernar, agotar el mandato cumpliendo el programa y permanecer en la centralidad. Esto, a pesar de la «inestabilidad» que genera el gabinete Sánchez, particularmente en lo que concierne a la deuda de 700 millones. Punto en el que el presidente del Gobierno gallego ha reprochado al secretario general del PSdeG que le acuse de hacer «teatrillo» cuando sus colegas en el resto de España -Baleares, Aragón, Andalucía, etc- vienen reclamando que se subsanen los impagos. «¿No se da cuenta de que usted no es el señor Sánchez? Ya sé que no tiene un secretario general más obediente en toda España», ha lanzado Feijóo a Caballero, a quien ha retado que aclare si «viene aquí como secretario general del PSdeG o como portavoz del Gobierno» central.

En la refriega también entró Ana Pontón. La portavoz del BNG reclamó para Galicia un concierto económico como el que disfrutan País Vasco y Navarra, insistió en la vía judicial, aseguró que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sigue los pasos de Cristóbal Montoro en su día y acusó a Feijóo de ser «responsable de que Galicia tenga que estar mendigando 700 millones de euros que son nuestros». La réplica del presidente: «Cada vez que el PSOE lo necesita, para que no gobierne el PP, utiliza al BNG como tonto útil (…) Ahora quiere defender a la señora Montero (…). ¿No le parece que eso le corresponde al PSOE?». Con otro reto: «¿Por qué no rompen ustedes con sus socios, que deben a Galicia 700 millones de euros?».

Por en medio, hubo también amonestación para Antón Sánchez, en quien el Grupo Común da Esquerda quiere ver el «azote» del presidente, y a quien recordó éste que «ayer su grupo» votó «en contra» de resarcir la deuda, algo que le «duele especialmente como gallego» a Feijóo.

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