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España expulsa en tres años a 34 extranjeros por actividades terroristas

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Muchas deportaciones están relacionadas con apología del yihadismo – EFE
España

Los últimos, dos marroquíes, no llegaron a entrar en prisión tras ser detenidos

Treinta y cuatro extranjeros han sido expulsados de España por orden judicial en los tres últimos años por actividades vinculadas con el terrorismo que suponían «una amenaza para la seguridad pública», algunos de ellos sin necesidad de haber pasado antes por la cárcel. Es el caso de los dos únicos inmigrantes que fueron deportados por estos motivos en 2015, ambos de nacionalidad marroquí.

A diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno, la legislación española capacita a los jueces para dictar la expulsión de delincuentes extranjeros que son puestos en libertad con cargos tras una detención, que en este contexto está relacionada a menudo con los delitos de exaltación y apología del terrorismo en redes sociales, según precisaron a ABC fuentes de la Policía. La posibilidad de esta temprana actuación redunda en un descenso de la criminalidad, subrayan fuentes de Interior, que recuerdan que herramientas como estas ayudan a que España haya podido escapar hasta ahora de un ataque terrorista. También, por que la deportación lleva aparejada la prohibición de volver a entrar en nuestro país y en los del espacio Schengen por un plazo de hasta diez años.

Expulsiones

La deportación de estas personas –dos en 2015, 17 en 2014 y 15 en 2013– forma parte minúscula de la estadística de expulsiones de inmigrantes irregulares de Interior, que el año pasado afectó en total a 6.869 hombres y mujeres, un 81% de ellas –5.539 en total– consideradas «cualificadas», esto es, motivadas por la concurrencia en un individuo de «numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad».

La inmensa mayoría de esas expulsiones relacionadas con la delincuencia se corresponde con reincidencia en infracciones cometidas contra el patrimonio, y a gran distancia, las relacionadas con las personas, la salud pública o la violencia de género. De las 5.539 registradas el año pasado, tan solo 395 repercutieron en personas que procedían del ámbito penitenciario, para quienes muchas veces la expulsión formaba parte de la pena.

El resto de expulsiones practicadas en España durante el anterior ejercicio, –1.330, el 19%–, respondieron a la denominación de «no cualificadas», que remite a salidas del territorio nacional provocada generalmente por «irregularidades» en la documentación requerida para permanecer en el país.

El balance de la inmigración irregular en 2015 revela que en ese periodo se redujo por cuarto año consecutivo el volumen de repatriaciones realizadas desde España. Fueron 20.091, un 4,3% menos que en 2014, y más de un tercio de ellas –8.069– denegaciones de entrada, esto es, rechazo en puertos y aeropuertos de personas que no contaban con la documentación requerida.

En paralelo, y tras ser amparadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, descendió un 9,6% el número de «devoluciones» –de 4,121 a las 3.725 –, cuya expresión más conocida es la entrega a Marruecos de los inmigrantes que intentan superar la valla de Melilla. Asimismo, los países con los que España tiene acuerdos readmitieron a 1.428 de sus ciudadanos, un 33,8% más que en 2014.

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