El PSOE pide ampliar los motivos para detener a procuradores y consejeros

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León plantea que, además de suprimir los aforamientos, la reforma del Estatuto de Autonomía propuesta por PPy Cs incluya la supresión del según punto del artículo 22 de la principal Ley de Castilla y León por el que se prohíbe que los procuradores y miembros de la Junta puedan ser detenidos o retenidos excepto en caso de flagrante delito y si acepta que se mantenga el punto tercero que habla de la inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. Así lo expuso este lunes Patricia Gómez, secretaria del PSOE en las Cortes, quien recordó que la reforma exprés planteada por los dos partidos en el Gobierno requiere «la aprobación por dos tercios de la Cámara» y resaltó que en el caso de que la votación no salga adelante, no se podría volver a proponer la modificación de la Carta en el periodo de un año. Sin afirmar que rechazarán la propuesta de populares y «narajas», lamentó que el PP se «haya saltado cualquier regla mínima de cortesía con el grupo mayoritario de las Cortes», al tiempo que críticó que hablen de «reforma exprés», que no ve posible, como «si se pudiese estar reformando el Estatuto cada cinco minutos», finalizó.

Blindaje del Suelo Social

El Grupo Socialista también pide que el cambio en el Estatuto de Autonomía incluya el establecmiento de un «suelo social» —inversión— que no podrá ser inferior al 12 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad y que esté encaminado a garantizar la calidad de la snidad, de la educación, de la atención a los dependientes, de la lucha contra la pobreza y de acceso a la vivienda, entre otras. Además, incluirían la obligatoriedad de que la dotación de cada ejercicio destinada a los derechos sociales no sea inferir a la anterior.

Por último, y al igual que formuló el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, el nuevo Estatuto incluirá en su apartado nueve del artículo 13 que «los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a la Red de proteccióna Personas y Familias».