El número dos de la trama Gürtel niega pagos en B de actos del PP y exculpa al «Bigotes» y sus subordinados
Pablo Crespo protestó por la ausencia de documentos originales en la vista y rechazó haber sobornado a políticos
El supuesto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha negado cualquier acto delictivo desde su papel de gerente de las empresas de Francisco Correa y ha denunciado este jueves las condiciones en las que declaró en sus primeras horas como detenido. Según su versión, pasó unas 80 horas desde que fue arrestado hasta que fue puesto a disposición judicial, y tuvo que aguantar más de un día sin poder orinar en los calabozos de Moratalaz, en Madrid.
En su tercer día de interrogatorio, el número dos de la red corrupta ha respondido a las cuestiones de las defensas de los restantes 36 acusados y de su propio abogado, después de haber rechazado ya previamente las acusaciones que le atribuyen a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para él 85 años y 6 meses de prisión por un rosario de delitos, y de las demás acusaciones.
En esta sesión, el número dos ha salvado a Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», de cualquier responsabilidad en la operativa de las empresas de la trama. «Es un artista, el mejor escenógrafo que conozco- pero tan bueno era en el ámbito creativo como desastre en lo económico: sería capaz de arruinar una mina de oro», ha explicado sobre Pérez, a quien la Fiscalía considera el enlace de la Gürtel en Valencia. Crespo le ha descrito como el jefe de producción de los eventos que organizaban las firmas, un innvoador.
Crespo, siempre serio, ha continuado este jueves negando cualquier irregularidad: ha asegurado que los actos de campaña del PP se cobraron con dinero limpio, con facturas documentadas, y que no tiene conocimiento de que nadie abonara fondos de otra manera. Los letrados de los acusados han tratado con sus preguntas manifestar que sus respectivos defendidos no están involucrados en la trama. El número dos de la Gürtel ha argumentado que los empleados de las empresas (Alicia Minguez, Javier Nombela, José Luis Izquierdo e Isabel Jordán) no tenían ninguna capacidad para tomar decisiones y ha descartado que cometieran actos delictivos. También ha señalado que Bárcenas nunca fue socio de ninguna compañíaa.
Crespo, considerado por el Ministerio Público el gestor de las empresas de la trama que lideró Correa, negó haber amañado contratos y haber pagado ni «un céntimo» a políticos como el antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. La red pervirtió la función pública y saqueó las arcas del Estado, según la Fiscalía, con un entramado de empresarios, funcionarios y políticos.
El número dos de la Gürtel, quien fuera secretario de organización del PP gallego, se ha escondido siempre detrás de la figura de Francisco Correa, el cabecilla de la trama que admitió gran parte de las acusaciones: los amaños, el reparto de comisiones, los pagos a políticos y la financiación con dinero negro de actos de campañas del PP. Crespo ha asegurado que siempre ha seguido sus órdenes porque, «además de mi jefe, es mi amigo», y ha explicado que cambió su vida para incorporarse a las empresas de Correa, al dejar Galicia y trasladarse a Madrid, un cambio que involucró a su familia.
En la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, Crespo cargó contra la investigación «ilegal» del primer juez del caso, el inhabilitado Baltasar Garzón, y protestó en numerosas ocasiones por la asuencia de documentos oficiales en la vista oral. Rechazó reconocer su firma y contestar a preguntas sobre ellos.
El acusado justificó, además, la tela de araña de empresas que formó Correa en la necesidad de presentarse a concursos públicos de diversas administraciones. «Cuantas más empresas se tenga, más posibilidades hay», señaló Crespo, quien explicó que si no se hiciera así, los partidos políticos tratarían de no adjudicar contratos a una firma que tenga negocios con otros partidos. Definió está práctica como «habitual» en las grandes empresas de nuestro país.
Esta vista enjuicia las supuestas irregularidades cometidas por la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005 (la llamada primera época de la red corrupta), en unas regiones concretas: las localidades de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid y Estepona, y las comunidades autonómas de Madrid y Castilla y León.