El Gobierno hace un simulacro «sin incidencias» para garantizar la seguridad de las elecciones catalanas del 21-D

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido en el Senado, en la Comisión conjunta de las Comisiones de las Comunidades Autónomas y Constitucional, para informar acerca del desarrollo de las medidas del artículo 155 en Cataluña. La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno ha realizado un «simulacro» sin incidencias de las elecciones, para garantizar la seguridad. En ese sentido, ha subrayado que estos comicios se van a celebrar con «legalidad, legitimidad y libertad».

«Los propósitos de los independentistas eran un engaño masivo, con consecuencias nefastas para el conjunto de los catalanes», ha comentado. «Hace dos meses la situación de Cataluña era insostenible», ha subrayado. Frente a ello, la aplicación del 155 ha sido «un acierto».

Sáenz de Santamaría se ha referido al «fanatismo cuasirreligioso» y ha asegurado que entre agosto y octubre la confianza cayó en Cataluña 30 puntos. La confianza en Cataluña se desplomó hasta situarse más de 20 puntos por debajo de la media de España (78,7 vs 99,6).

La vicepresidenta ha defendido que «el Estado reaccionó con la única respuesta posible, la ley y la política». «Y ante el rechazo de la UE, algunos acabaron rechazando a la UE misma», ha añadido en el Senado. El desafío independentista «ha sido el peor episodio de deslealtad de la historia de la democracia». Una deslealtad hacia los catalanes también porque el «proceso» ha sido «un fake en toda regla». «Un procés basado en la postverdad, en el que las falsedades no solo viajaban por la red, sino también en coche oficial».

«El objetivo de un mecanismo tan extraordinario es volver a la normalidad», ha sostenido, en relación con el 155. Sáenz de Santamaría ha señalado que la convocatoria de elecciones demuestra el respeto al autogobierno de Cataluña. «Desde 1977 se han celebrado casi medio centenar de procesos electorales, espero que todos respetemos legalidad y garantías», ha explicado.

Sáenz de Santamaría cree que se ha rebajado la tensión y la preocupación en Cataluña, y ha agradecido a los funcionarios su responsabilidad y profesionalidad.

En su comparecencia, la número dos del Ejecutivo ha recordado que el «Govern financió con fondos públicos más de una veintena de entes, institutos y organismos con el único propósito de alimentar el discurso independentista, que era lo que les importaba». En la primera reunión del Consejo de Ministros tras la aplicación del artículo 155, el Gobierno decidió extinguir el Diplocat. Y en el último Consejo, se ha acordado su completa liquidación.

En su balance, Sáenz de Santamaría también ha subrayado que el Gobierno ha procedido a cerrar las delegaciones en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia, y también ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. «Con ello, hemos ahorrado a los catalanes el coste –y, si lo permiten, el bochorno- de mantener abiertas delegaciones que, costaban más de 10 millones de euros, mientras se cerraban plantas enteras de hospital».

«Nadie obligó a la Generalitat a pagar más de un millón de euros para mantener la delegación en Estados Unidos, mientras se negaban 1.800 euros a los Ayuntamientos para pagar una plaza de guardería en Cornellá o en Hospitalet, como acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

«¿Quieren saber cuántos acuerdos se adoptaban en las áreas prioritarias de los servicios públicos? Los mínimos», aseguró la vicepresidenta, y dio estos datos: los acuerdos sobre Educación descendieron un 26 por ciento- los relativos a Sanidad, un 28 por ciento- o los referentes a Asuntos Sociales un 30 por ciento.

Todo ello, completó, «después de haber rebajado en 1.000 millones de euros el presupuesto sanitario y en 5.500 millones el gasto social. Una cuarta parte del total». Las listas de espera en sanidad crecieran en un 10 por ciento, hasta 170.000 personas. «Y la lista de espera en la dependencia es la segunda más alta de España, con 80.000 personas esperando su prestación».

Más datos del balance que ha hecho el Gobierno sobre el 155: «En Justicia, las cuestiones tratadas en los Consejos de Gobierno se redujeron casi a la mitad (un 46 por ciento) y la aplicación del 155 ha revelado que los asuntos estaban paralizados durante semanas. Nos hemos encontrado con 26 contratos vencidos y no renovados. El de seguridad y el de traducción, entre ellos».