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El contable de Correa y una administradora, en el juicio de Gürtel

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José Luis Izquierdo, tras declarar en una pieza de Gürtel ante el TSJ de Castilla y León – Félix Ordóñez
Audiencia Nacional

Prosiguen los interrogatorios de las personas más cercanas al cabecilla de la trama de corrupción

El tribunal del caso «Gürtel» interroga a partir de este lunes al presunto contable de Francisco Correa (considerado cabecilla de la trama), José Luis Izquierdo, y la administradora de una de sus empresas, Isabel Jordán, para quienes la Fiscalía solicita 45 y 39 años de prisión, respectivamente. Tras la declaración de Álvaro Pérez «El Bigotes» el viernes, Izquierdoy Jordán son los siguientes en el escrito de acusación del Ministerio Público.

Según este escrito, Izquierdo era el encargado de elaborar archivos y documentos para controlar los pagos efectuados a algunos de los responsables de las Administraciones Públicas con los que Correa negociaba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas favorables a sus sociedades. En esos documentos, Izquierdo apuntaba el nombre o las iniciales del cargo público, el importe que se le entregaba, la fecha de entrega y, en ocasiones, el concepto. Todo ello, por encargo y bajo la supervisión de Correa y de su número dos, Pablo Crespo.

Además, y siempre según las fiscales del caso, el presunto contable generaba fondos opacos a la Hacienda Pública a través de la emisión de facturas ficticias y la gestión de la «caja B» de las sociedades patrimoniales del Grupo Correa, informa Ep.

Correa y Crespo le exculpan

No obstante, tanto Correa como Crespo exculparon a Izquierdo de cualquier irregularidad asegurando que éste no era contable, sino un auxiliar ya que no tiene estudios secundarios ni de contabilidad. «Es un mero amanuense», destacó el exsecretario de Organización del PP en Galicia (Crespo). Correa, por su parte, aseguró que Izquierdo recibía órdenes directas de él y que apuntaba las instrucciones que él le daba.

Izquiedo se enfrenta a 45 años y 2 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo continuado, falsedad continuada, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

También se espera que comparezca en esta jornada la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán., aunque finalmente no gestionó todas las sociedades que Una de las partes del interrogatorio se centrará en la gestión del denominado «Grupo Pozuelo»lo componían.

Jordán se habría encargado de la organización y ejecución de los contratos menores de la Oficina de Atención al Ciudadano de la localidad madrileña de Majadahonda. Según dice el Ministerio Público en la determinación del precio de la adjudicación de esta obra (más de 13.303,24 euros, superior al coste real) intervino Jordán junto a Crespo y Correa, contactando con funcionarios del Ayuntamiento.

«Con mando en plaza»

En otro municipio madrileño, Pozuelo de Alarcón, Jordán gestionó la adjudicación directa, eludiendo la tramitación oportuna, a la empresa Down Town de una campaña de publicidad y fraccionó la factura del coste real de este servicio para evitar superar los 12.020,24 euros que marca la ley y poder considerarlos contratos menores. La Fiscalía la considera conocedora, además, de las irregularidades que se estaban cometiendo en la contratación y adjudicación a esta empresa de la organización en 2004 del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP).

Durante su declaración ante el Tribunal, Correa señaló que Jordán era la responsable, «con mando en plaza» y que la contrató por recomendación de portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Hernando, o «un jefe de prensa» de la formación. «Era una buena profesional», dijo, y desveló que en el montaje de los stands de Fitur de Valencia colaboraba como directora de otras de sus empresas en Madrid, Easy Concept.

El Ministerio Público pide para ella continuada con prevaricación, cohecho continuado, fraude continuado, falsedad continuada, malversación de caud39 años de prisión y un mes por los delitos de asociación ilícita, malversación ales, tráfico de influencias, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, continuado de falsedad en documento mercantil.

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