Carmena gasta 400.000 euros en un plan antibotellón fracasado

El botellón va a salir más caro a los madrileños a partir del año que viene, tal y como se traduce del nuevo contrato de prevención de consumo que se adjudicará a finales de este mes. El Área de Madrid Salud del gobierno de Manuela Carmena va a sacar a las calles, a partir de enero de 2017, a un grupo de concienciadores «antibotellón»en zonas donde se lleva a cabo esta práctica. Esta acción, que se desarrolla en la actualidad y no supone un gasto para las arcas municipales, ahora costará más de 400.000 euros -393.631,08 euros sin impuestos-. Este importe sufragará un total de 50 intervenciones al año en carpas, una cada fin de semana, durante dos ejercicios.

Se trata de una iniciativa que el Partido Popular impulsó en el año 2000 a través del programa «La noche más joven», que perseguía la misma finalidad, reducir el consumo de alcohol en la calle, con pautas similares. Sin embargo, la escasa acogida que cosechó durante el paso de los años entre su público objetivo, sobre todo desde 2004, llevó a la Corporación a suprimir este presupuesto en el año 2009. Esta intervención se recondujo con otros dos programas: los «Domingos de Deporte» y «Sales Hoy», llevado a cabo por Cruz Roja.

El actual equipo de Gobierno maneja ahora otros datos con los que justificar la puesta en marcha del nuevo contrato. A finales del trimestre de 2015, Madrid Salud llevó a cabo una investigación sociológica sobre el botellón. Las conclusiones que arrojaron reflejaban que las casi 80.000 sanciones interpuestas entre 2012 y 2015 no habían tenido efecto disuasorio, así que sacaría a la calle carpas informativas para convencer a los jóvenes dejar el alcohol.

El nuevo pliego supone una duplicidad con las actividades que se desarrollan en la actualidad en la capital. El Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración desde 2006, sin costes para las arcas municipales, con Cruz Roja para que lleve a cabo los fines de semana actuaciones en zonas de botellón a través del programa «Sales Hoy». Según datos facilitados por la organización humanitaria, en 2015 realizaron 62 intervenciones en Madrid, llegando a 6.219 personas. Su éxito, manifiestan, es «difícil de determinar».

Ni la alcaldesa ni el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, son partidarios de que la Policía Municipal multe a aquellos que beban en la vía pública ni que sea a través de un expediente sancionador como se logre reconducir esta indefectible conducta. Lo dejaron claro a los pocos meses de llegar al Palacio de Cibeles, mostrando su rechazo a la política que había emprendido el PP en los últimos años de intensificar la vigilancia policial para acabar con el botellón.

Barbero lanzó su órdago a la Comunidad de Madrid el año pasado para que se modificara la Ley Antibotellón de 2002 y se conmutaran las sanciones por cursos de concienciación. Pero no caló. Desde la Real Casa de Correos, la presidenta, Cristina Cifuentes, dejó claro que sería una decisión «completamente ineficaz».