Arranca en Canarias el proceso contra un juez por conspirar contra Rosell (Podemos)
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Se juzga a Alba Mesa por prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas. El magistrrdo avanza «una reacción social que va a tirar por los suelos la valoración de la Justicia». La Fiscalía exige que sea condenado a diez años de cárcel
@ABC_Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzga a partir de estq semana si el magistrado Salvador Alba manipuló una instrucción penal y orientó a un testigo para intentar perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando esta acababa de ser elegida diputada con Podemos.
Suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses, Salvador Alba se sienta en el banquillo para responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).
Así, el TSJC prevé celebrar las sesiones de la vista oral del juicio contra Salvador Alba del 1 al 5 de julio, en sesiones de mañana y tarde. Este procedimiento tiene como fin esclarecer los delitos de los que se le acusa al magistrado.
Suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses, Salvador Alba se sienta en el banquillo para responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).
Las cuatro acusaciones personadas en el juicio (el Ministerio Fiscal, la propia Rosell, su pareja -el periodista Carlos Sosa- y Podemos) sostienen que el procesado aprovechó unos meses en los que sustituía a la entonces diputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para dirigir en contra de la juez un caso de fraude fiscal abierto al empresario Miguel Ángel Ramírez, relativo a Seguridad Integral Canaria.
La Fiscalía acusa al magistrado de manipular de forma «arbitraria« y «con ánimo espurio» la tramitación de ese procedimiento -que había sido iniciado por la propia juez Rosell- con el propósito de «recopilar material ajeno» a los hechos que se investigaban (un posible fraude a la Seguridad Social) «que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente» a su colega.
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