Subir las pensiones con el IPC costaría 1.800 millones a las arcas públicas este año

El jueves 22 de febrero miles de jubilados salieron a la calle en toda España para protestar por la escuálida revalorización de sus pensiones, un 0,25% en 2018 por quinto año consecutivo. Coordinados por Podemos, los pensionistas consiguieron ser «trending topic» con sus movilizaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla, lo que no pasó desapercibido para los partidos de la oposición que desde entonces están intentando capitalizar el descontento de los mayores con el Gobierno.

Las pensiones vuelven a estar así en el centro del debate político y usadas como arma electoral, lo que se comprometieron a evitar todos los grupos cuando en 1995 firmaron en Toledo un pacto de Estado por las pensiones.

La presión política llevó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar un debate monográfico sobre el actual estado del sistema, que tendrá lugar el miércoles, en el que todos los grupos deberán retratarse y defender sus propuestas para sostener las pensiones, aquejadas de un déficit de 18.800 millones de euros.

La oposición en bloque reclama ahora que las rentas de los jubilados vuelven a indexarse a la inflación, una fórmula que se aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó por el Índice de Revalorización que lleva aplicándose cuatro años y liga la subidas de las nónimas a la salud de la Seguridad Social. En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema en el pasado, lo que provocó el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

Sánchez apoyó la congelación en 2010

El PSOE presentó la pasada semana una proposición de ley en el Congreso para subir las pensiones un 1,6% este año, la previsión de inflación. Pedro Sánchez es ahora uno de los políticos más combativos con las pensiones, pero con su voto contribuyó a que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero congelara las pensiones en 2010. Todo el grupo socialista dio el sí a esa medida que, acompañada de otras como la reducción del 5% del sueldo de los funcionarios, conformaron el mayor plan de ajuste en la economía en treinta años. A la presión del PSOE se han sumado todos los grupos, también Ciudadanos, que ha decidido desmarcarse del Ejecutivo y pedir también la vuelta al IPC como referencia para revalorizar las nóminas, lo que ha dejado al PP en minoría para defender el actual sistema de subidas con el que los pensionistas han logrado, al menos, mantener hasta 2016 el poder adquisitivo.

Pero, ¿qué costaría vincular de nuevo la subida de las pensiones a los precios? Solo este año, en el que se espera una inflación del entorno del 1,6% al final del ejercicio, el coste para las arcas públicas sería de unos 1.800 millones de euros, cifra que se elevaría por encima de los 2.100 millones si se tiene en cuenta que ya en enero las pensiones subieron un 0,25%, lo que tuvo un coste cercano a los 333 millones.

La factura sería mayor cada año que pasara dado que el coste de la revalorización anual se iría consolidando. Es decir, que en 2019, si se siguiera utilizando la inflación para subir las pensiones, los 1.800 millones se sumarían a los que tendría que desembolsar el Estado ese ejercicio por la vinculación de las nóminas a la evolución de los precios.

Impacto de la crisis

Si el anterior sistema de cálculo se rescatara para este ejercicio llegaría en un momento en el que la Seguridad Social sigue intentado equilibrar sus balances después de una dura recesión que destruyó 3,7 millones de empleos. Hoy, la economía crece por encima del 3% y se están creando 600.000 empleos en términos interanuales, pero el sistema debe afrontar pagos más elevados que antes de la crisis. La Seguridad Social paga hoy 9.573.280 pensiones contributivas, prestaciones que se abonan con las cotizaciones de 18.363.483 afiliados. Es decir, se están abonando 1,3 millones de pensiones más que en 2007, pero con 552.493 ocupados menos.

El número de pensiones que se suman al sistema está creciendo por encima del 1% desde antes de la crisis, pero los gastos avanzan a más velocidad. Desde 2014 lo vienen haciendo por encima del 3% anual, lo que sitúa el desembolso mensual cercano a los 9.000 millones. Este aumento sostenido del gasto se debe fundamentalmente al citado incremento del número de pensionistas pero, sobre todo, al efecto sustitución, ya que las nuevas pensiones que entran en el sistema público son superiores en más de un 30% a las que se dan de baja por fallecimiento de sus perceptores.

Este avance de los gastos no permite que el sistema público alivie su déficit. En 2017 la Seguridad Social tuvo que recurrir a un crédito del Tesoro de 10.000 millones y este año repetirá, aunque esta vez el importe será superior, de 15.000 millones que, a la vista del desfase presupuestario que registras el sistema, se agotará. Y esto pese a que por primera vez desde el estallido de la crisis, en 2017 el déficit de las pensiones redujo su peso en relación al PIB, aunque en términos absolutos volvió a batir un nuevo récord. El desfase entre ingresos y gastos se situó en el 1,61% del PIB, inferior al 1,7% de 2016, pero en términos cuantitativos los «números rojos» escalaron hasta 18.800 millones, 200 millones más que un año antes.

El hecho de que los gastos siguan aumentando a mayor ritmo que los ingresos ha provocado que en el Fondo de Reserva apenas quede dinero para pagar una mensualidad más a los jubilados. En la hucha quedan 8.095 millones frente a los casi 67.000 que llegó a tener en 2011.

Pacto de Toledo

El principal reto que tiene el Pacto de Toledo sigue siendo explorar las medidas necesarias para devolver el equilibrio financiero al sistema, aunque después de más de un año de trabajos sus señorías han quedado atrapados en la segunda de las recomendaciones del pacto, la que hace referencia al mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones. De las 20 restantes apenas se habla, al menos en público.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró a ABC en una reciente entrevista que confiaba en que en primavera los grupos parlamentarios hayan alcanzado un acuerdo con unas recomendaciones generales que permitan al Gobierno concretar en medidas mediante el diálogo social.