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Los centros de empleo para discapacitados calculan que el Consell no pagará hasta 2018 la deuda de 20 millones

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El director del Servef, Enric Nomdedéu, en una imagen de archivo – MIKEL PONCE

La patronal denuncia que tanto los 28 expedientes pendientes de 2016 como todos los de 2017 no se resolverán hasta el próximo año

Los centros especiales de empleo que dan trabajo a más de 7.000 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana -un 40% del total de la contratación en la autonomía- se muestran escépticos con que puedan cobrar antes de final de año la deuda que mantiene el Consell con ellos y que cifran en casi 20 millones de euros. La causa es el retraso que sufre la tramitación de las ayudas dirigidas a sufragar la mitad del salario de estos trabajadores, procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pero que se tramitan desde la Administración autonómica.

La patronal Agevalcee explica que la Generalitat todavía mantiene sin resolver 28 expedientes de 2016 que afectan a unos 20 centros. De hecho, el pasado día 10 de este mes se publicó el decreto para solicitar de nuevo la subvención, para la que hay previstos cerca de 700.000 euros. El próximo día 23 finaliza el plazo para presentar la documentación, con lo que calculan que tardarán aproximadamente dos meses en resolver.

A ello se une el retraso en la resolución de todos los expedientes de este año a mes y medio de que finalice. Con lo que todavía no se ha realizado ningún pago a los centros de los 18,8 millones de euros que salieron en la orden de ayudas.

Desde el Servef -dirigido por Enric Nomdedéu- insisten en que se está tratando de agilizar la resolución y destacan que se ha incrementado durante esta legislatura en más de cuatro millones de euros la partida adscrita en los centros especiales de empleo.

Desde la patronal, sin embargo, manifiestan su malestar por las 130 empresas que todavía tienen pendiente de pago estas ayudas y que han tenido que ir adelantando el abono de los salarios de los trabajadores, también con retrasos por falta de liquidez. Cantidades que calculan que no llegarán hasta el próximo año.

El descontento llevó a una movilización en la calle el pasado abril y a un contencioso en los tribunales. Éste se interpuso en Castellón, Valencia y Alicante, y ahora la demanda acumulada se encuentra en Valencia a la espera de juicio.

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