Lluvia de recursos contra Carmena por el plan para restringir el coche en el centro

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer Madrid Central, el proyecto de Manuela Carmena para poner freno al uso del vehículo privado por el corazón de la capital, pese a las amenazas judiciales que tratan de poner palos en las ruedas a este plan. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no lo impide, la medida que restringe el acceso al distrito Centro a los no residentes y a los vehículos más contaminantes entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre.

Mientras tanto, el Consistorio tiene varios frentes abiertos que podrían paralizar la puesta en marcha de una medida que consideran «histórica». Por un lado, el Grupo Municipal Popular ha recurrido la ordenanza de Movilidad bajo la que se enmarcan las limitaciones al tráfico de Madrid Central y ha solicitado al TSJM la paralización cautelar de la medida. Se trata de la segunda denuncia contra esta norma municipal que recibe el gobierno de Ahora Madrid, ya que el pasado 24 de octubre una entidad en defensa de los automovilistas ya interpuso otro recurso contra la misma ordenanza.

Por otro lado, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también ha solicitado formalmente a la alcaldesa que paralice el proyecto. De lo contrario también está dispuesto a terminar en los tribunales como su compañero de partido. Además, el Gobierno regional pretende impugnar el protocolo anticontaminación de Ahora Madrid, otra medida que está incluida en la ordenanza de Movilidad. Si el Ayuntamiento no lo declara nulo en el plazo de un mes, el plan acabará judicializado, según consta en un requerimiento que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio envió ayer al Ayuntamiento.

Protesta en Cibeles

El PP hizo ayer pública la interposición del recurso contra la ordenanza de Movilidad en la concentración que protagonizaron decenas de representantes de asociaciones y profesionales que trabajan en el área afectada por Madrid Central. Los perjudicados advirtieron de que este cambio para promover la movilidad sostenible en el centro de la ciudad es «un nuevo rodillo de Ahora Madrid que perjudica a las clases populares».

Según sus cálculos, a partir de febrero, cuando comience la aplicación telemática de Madrid Central, un total de 373.501 vecinos no podrán utilizar sus coches, lo que supondrá un gasto para todos ellos de 9.300 millones de euros si quieren acceder a una zona que abarca 472 hectáreas.

A la protesta no sólo acudió el portavoz popular en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, también lo hizo su homóloga de Ciudadanos, Begoña Villacís, que considera que el gobierno municipal «no ha buscado el consenso en ningún momento». «Representan una mayoría exigua que se basa en un concejal, básicamente en 6.000 votos», afirmó Villacís.

«Actitud irresponsable»

Enterada por la prensa del escrito del PP presentado el pasado 22 de octubre, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, reprochó a los populares que su actitud es «muy peligrosa» y «bastante irresponsable». «Es una estrategia desestabilizadora. Si esta escalada de denuncia y acoso continúa, recurriremos a la UE», advirtió la concejal.

Para Ahora Madrid se ha terminado el tiempo de las «medidas ultrasuaves» para «no molestar a nadie». Con la implantación de las restricciones al tráfico el gobierno municipal prevé reducir un 40% las emisiones contaminantes en el centro al eliminar el tráfico de paso por la zona, que supone 58.000 desplazamientos diarios.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió ayer en que le es indiferente que el gobierno de Carmena defienda Madrid Central en «Europa, Asia, América y Oceanía si lo ve conveniente», ya que la Comunidad, por su parte, acudirá a los «tribunales españoles» para denunciar «cosas tan mal hechas».