La Junta de Castilla y León garantiza «las mejoras» para los funcionarios pese al varapalo judicial

La Junta trasladó ayer a los principales sindicatos que tratará de reelaborar el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad que, como adelantó ayer ABC, ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La intención del Gobierno regional es, en principio, no recurrir el fallo, sino adaptarse a su contenido para poder aprobarlo de nuevo con el apoyo que ya recibió el pasado año por parte de UGT, Comisiones Obreras, CSIF y FSES. La sentencia publicada por este periódico -que se suma a otra prácticamente idéntica- argumenta la «falta de motivación y de estudios e informes que justifiquen el catálogo» y también incide en que la naturaleza jurídica debería haber sido una disposición general y no acuerdo por afectar al régimen de retribuciones. También alega que «no ha habido negociación colectiva» y que «no hay motivación que justifique la atribución de determinado nivel de complemento de destino y el establecimiento del complemento específico».

Al respecto, la consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» a los funcionarios al asegurar que la sentencia «no paraliza absolutamente nada», en referente a las «rpts» (relaciones de puestos de trabajo) ya acordadas, el concurso de traslados abierto y voluntario, al que se han sumado miles de empleados públicos y cuya primera resolución podría conocerse allá por el mes de marzo, «ni la mayor oferta de empleo público de la historia».

«Cierta subjetividad»

Marcos señaló que los servicios jurídicos de la Junta están «estudiando» la decisión e insistió en que «todo continúa su tramitación» y no peligra «ninguno de los hitos posteriores» a la aprobación del catálogo al tratarse de un «tema formal» y no de fondo. Recordó asimismo que la norma fue «consensuada» con los sindicatos, «que son los representantes de los trabajadores de la administración pública» y se comprometió a «seguir mejorando las condiciones de los funcionarios públicos». La consejera expuso que se está «estudiando» que aspectos «hay que justificar más» porque lo que dice la sentencia «tiene una parte de subjetividad, que es interpretable pero que no ponemos en duda», pero «sin que paralice todas las mejoras de la función pública acordadas este año».

Desde la parte sindical que aprobó el catálogo ahora anulado, tanto UGT como Comisiones Obreras defendieron que, al contrario de lo que señala el fallo, «sí se produjo una negociación durante varios meses». «El primer borrador era infumable y al final hicimos hasta cinco o seis», explicó Tomás Pérez Urueña, responsable de los Servicios Públicos de UGT, que dice «no entender» ese aspecto de la sentencia y pide a la Justicia «que nos aclare que es negociar». En su opinión, la Junta debe ahora «solucionar este problema de forma rápida e indolora con un nuevo acuerdo con los sindicatos», aunque ya señaló que «a efectos prácticos» la decisión judicial «no cambia nada». Al respecto, pidió a las fuerzas políticas «no ser alarmistas» y concluyó que se trata de «un parón», pero con la idea «de seguir andando por el mismo camino» que en los últimos meses. Mientras, Ernesto Agudo (CC.OO), también quiso dejar claro que la sentencia «no anula ni los ‘rpt’ ni los concursos de traslados» ya convocados y defendió que en su día apoyaron el catálogo porque «perseguía un objetivo loable» como era el de «reducir» 700 tipos de puestos a 81 «homogeneizando las retribuciones». Como su compañero, aseguró que las relaciones de puestos de trabajo (rpt) no «tienen que ver» con el catálogo «porque van por otro lado» y también aseguro que el fallo «ni anula ni bloquea nada», aunque sí reconoció que puede haber «un problema para el futuro si no se adapta el catálogo a las exigencias judiciales».

«Se precipitaron»

Diferente versión ofreció el representante de CSI-F, que también firmó el acuerdo «pero sin que nos gustara nada y solo para sacar adelante el concurso de traslados abierto y permanente», detalló Mariano Prieto, presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta. «Nos la jugamos por un buen fin», incidió antes de señalar que, en su opinión, «hubo una falta de negociación tremenda y la Junta actuó precipitadamente, a lo bestia».

En todo caso, Prieto consideró que si se da «una nueva negociación» puede haber «una solución» sin que se «resientan» un concurso que tiene «más solicitudes que nunca», aunque también avisa que su sindicato han recurrido alguna de las «rpt» aprobadas porque «hay puestos mal encajados».