Imputan a un antiguo dirigente del PP balear por un presunto delito sexual contra dos jóvenes adultos

El expolítico del PP balear Javier Rodrigo de Santos, condenado hace una década en Palma por dos delitos de abusos a menores, se encuentra de nuevo imputado por presuntos delitos de carácter sexual, en este caso a dos adultos en Madrid. Según ha desvelado este martes «eldiario.es», De Santos figura como investigado en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid por, presuntamente, haber utilizado su reciente puesto en una ONG «para coaccionar a presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a Instituciones Penitenciarias y que no volvieran a salir».

Cabe recordar que De Santos, natural de Burgos, fue teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma entre 2003 y 2007, bajo el mandato de la popular Catalina Cirer. Tras los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2007, el PP perdió la mayoría absoluta con que contaba hasta entonces en las principales instituciones de Baleares, circunstancia que motivó el abandono momentáneo de la política por parte de De Santos, que se reincorporó a su plaza como funcionario de la Administración estatal. Hasta aquel momento, De Santos había sido considerado como uno de los políticos más brillantes y prometedores del PP balear, incluso por parte de diversos dirigentes de otras formaciones políticas.

Unos meses después, en marzo de 2008, trascendió en los medios que durante su etapa como edil en el consistorio palmesano De Santos había gastado unos 52.000 euros en clubes de alterne masculinos, que fueron pagados con la tarjeta de crédito de una empresa municipal. En aquella época, De Santos estaba casado y tenía cinco hijos. Además, se le consideraba hasta entonces un hombre de fuertes convicciones religiosas, católico practicante y muy próximo a iniciativas de carácter social.

Dos condenas previas

La persona que en 2008 presidía el PP balear, Rosa Estarás, suspendió inmediatamente de militancia a De Santos, quien paralelamente se dio de baja del partido. El exregidor devolvió todo el dinero gastado, reconoció que era toxicómano y pidió públicamente perdón. En cualquier caso, fue juzgado y finalmente condenado en septiembre de 2008 a dos años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos.

Con independencia de la mencionada causa por malversación, De Santos fue además enjuiciado en otro proceso, como presunto autor de abusos a menores entre 2005 y 2007, en concreto, a dos hermanos que acogía en ocasiones en su casa. Tras la vista oral, la Audiencia Provincial de Palma condenó en octubre de 2009 a De Santos a un total de 13 años y seis meses de prisión por dos delitos de abusos y por un delito contra la salud pública, en concreto, por haber suministrado droga a un adolescente. La adicción a la cocaína de De Santos fue considerada como un atenuante en ese caso. Finalmente, el Tribunal Supremo redujo la citada pena inicial y la fijó definitivamente en cinco años de cárcel. Tras salir de prisión, el expolítico popular fijó su residencia en la Península.

El 5 de diciembre del pasado año De Santos fue detenido por las presuntas agresiones sexuales cometidas contra dos jóvenes adultos en el seno de una ONG. «La consistencia de los indicios contra él llevó a la Fiscalía a solicitar su ingreso en prisión incondicional», si bien el juez optó por fijar como medida cautelar la «prohibición de acercarse a menos de 500 metros a las dos víctimas que denunciaron y a las cuatro casas de acogida de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos».

Nuevas denuncias

Uno de los dos denunciantes es un joven latinoamericano, de 29 años de edad, que acudió a la Policía el 19 de octubre del pasado año. Dicho joven había sido condenado en su momento a seis años y un día de cárcel por intentar introducir cocaína desde su país. Sin arraigo en España, «estuvo tres años en la cárcel sin un solo permiso y la ONG del Padre Garralda constituyó su oportunidad para poder empezar a salir de la prisión».

El citado joven contó a la Policía que habría mantenido relaciones sexuales con De Santos en ocho o nueve ocasiones, «bajo la coacción de que en caso contrario le quitaría el aval, esto es, efectuaría informes desfavorables para Instituciones Penitenciarias, lo que podría tener un efecto negativo en la concesión de permisos penitenciarios». Una semana después de que ese joven acudiera a la Policía, lo hizo también otro joven del centro, que asimismo ronda los treinta años de edad. Al parecer, De Santos habría amenazado igualmente a este segundo joven con retirarle el «aval» si no mantenían relaciones íntimas, propuesta a la que este nuevo denunciante no accedió. Estos hechos habrían tenido lugar a mediados de 2015.

A partir de las mencionadas denuncias se inició una investigación policial, en la que se recabaron «numerosos testimonios» de reclusos en la casa de acogida, de trabajadores de la ONG y de voluntarios. El informe elaborado por la Policía fue entregado a continuación al juez. Posteriormente, como se ha señalado ya, De Santos fue detenido de forma provisional el pasado 5 de diciembre. La causa sigue aún en fase de instrucción y De Santos se mantiene en libertad provisional con las medidas cautelares mencionadas.