Exigía dinero a cambio de agilizar trámites y destruía documentos en la Xunta

Exigía dinero a cambio de agilizar procesos administrativos pendientes y no tenía reparos en ocultar o destruir documentación oficial. Un funcionario de la Xunta en Lugo tendrá que responder por estas dos acusaciones en el juicio que se celebra el próximo martes en la Audiencia Provincial. Por ambas, el fiscal reclama una pena de tres años y ocho meses de pena de prisión, además de siete años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo.

Según los hechos relatados por el Ministerio Público en su escrito, el empleado inició a finales de 2012, desde su puesto en el Gabinete Jurídico Territorial, una ronda de contactos con personas «con trámites pendientes en dicho servicio público» a fin de obtener un «enriquecimiento ilítico».

Realizadas las llamadas, el acusado tomó como piedra angular de su estafa la realización de los llamados ‘bastanteos‘: un proceso por el cual se acredita la capacidad de una persona para representar a un organismo o empresa ante la Administración, y para el que los interesados deben abonar una tasa oficial de seis euros. En algunos casos, el funcionario llegó a cobrar hasta cuarenta bastanteos (240 euros) a un solo particular.

Hasta nueve individuos resultaron perjudicados por el fraude. El acusado los llamaba en repetidas ocasiones para persuadirlos de la necesidad de los trámites, por ejemplo, para participar en programas de ayuda para «leche escolar» o incluso para «concursar en obras públicas». 60 euros, 150 euros, 204 euros… Las cantidades fluían sin que el papeleo se llegara nunca a desbloquear. Hubo afectados a quienes se les devolvió el dinero después de amenazar con presentar una denuncia ante la Delegación de la Xunta en Lugo- otros se percataron de la estafa por las noticias publicadas en la prensa local.

A la papelera

La Fiscalía, además, denuncia que el empleado incurría en «destrucción u ocultación» de documentos oficiales. «Durante un periodo de tiempo indeterminado en 2012», reza el escrito, «entregó a las personas encargadas del servicio de limpieza de la Xunta documentos correspondientes a los expedientes del Gabinete Xurídico con el propósito de hacer desaparecer documentación oficial». Los empleados de la concesionaria, «recelosos del rigor de tales indicaciones», dieron la voz de alarma.

Aun así, el Ministerio apunta a que el funcionario escondió escritos elaborados por la Letrada Jefe del Gabinete que iban a ser trasladados al archivo, o «tiró a la papelera» sentencias vinculadas al caso Nupel. Y cuando una de las personas del órgano le pidió uno de los expedientes extraviados, el acusado «llamó al juzgado pidiendo que le enviasen una nueva copia cambiando la fecha de notificación».

Por todo ello, la acusación considera acreditada la existencia de un delito continuado de exacciones ilegales y de un delito continuado de custodia de documentos públicos. Además de la pena de los tres y ocho meses de cárcel y de los siete años de inhabilitación, la Fiscalía pedirá el abono de 876 euros en concepto de indemnización a los afectados.