En Marea liga el futuro de sus primarias a las conclusiones de las dos auditorías

La dirección de En Marea confía en tener a mediados de esta semana los resultados de las dos auditorías de las que ahora mismo depende el devenir de las elecciones internas de la formación y que, en función de su contenido, podrían condicionar además el futuro del espacio de confluencia. Las votaciones telemáticas fueron suspendidas el sábado por la mañana después de que el comité de garantías del partido instrumental —con mayoría de afines a Luís Villares— alertase de una «intrusión» irregular en el censo que vulneraría la Ley de Protección de Datos. El responsable de la lista de inscritos y miembro de la coordinadora, Gonzalo Rodríguez, volvió a señalar este domingo a varios miembros del comité electoral —copado por los detractores del magistrado en excedencia— como los autores de esa acción que habría socavado las garantías del proceso. Sin embargo, Rodríguez matizó que hasta que no tengan en sus manos las dos auditorías encargadas no podrán conocer la identidad de estas personas ni cuál fue «el nivel de inclusión» de las mismas en el censo.

A través de un comunicado, el comité electoral negó las acusaciones del miembro de la dirección de En Marea y aseguró que «no se violó» en ningún momento la normativa de acceso a la lista de inscritos. Con todo, una vez recibidos los dos informes requeridos por la cúpula rupturista —uno interno y otro externo— sus conclusiones serán remitidas a la comisión de garantías de la formación, que deberá determinar si se dan la condiciones necesarias para reactivar o no las primarias de En Marea. Si del contenido de las auditorías se traduce que durante la inclusión en el censo se produjeron irregularidades o filtraciones de datos, el caso podría derivarse a los tribunales, judicializando así un conflicto entre las dos almas de la formación que a estas alturas parece ya irreconducible.

Desde que las elecciones internas saltaron por los aires, uno y otro bando han venido protagonizando un conflicto de legitimidades. Este domingo se vivió el enésimo capítulo de esta guerra. El sector enfrentado con Villares, aglutinado en torno a la candidatura que encabeza David Bruzos, reiteró mediante un escrito que solo el comité electoral —compuesto por trece miembros, diez de ellos del llamado sector crítico— tiene potestad para suspender las primarias y, en este caso, este órgano ha refrendado la «legalidad» del proceso. Para esta lista, la suspensión de las elecciones ha supuesto una «vulneración» de los derechos de los inscritos, por lo que piden que con la mayor agilidad posible se reanuden las elecciones internas. «Resulta urgente tener cuanto antes una fecha para evitar el desgaste público del proyecto de En Marea y también para impedir la desmovilización de nuestra propia base social», esgrimen.

En cambio, los «villaristas» mantienen la necesidad de congelar la votación y se remiten a dictamen del comité de garantías —controlado por ellos mismos—, que dio la voz de alarma tras detectar «irregularidades» en el proceso. «Parece que desde el comité electoral quieren constituir un poder totalitario que no rinde cuentas a nadie», censuró Gonzalo Rodríguez, al tiempo que aseguró que los críticos sí le dieron validez al comité de garantías en otros procesos internos como la consulta sobre la continuidad de la diputada Paula Quinteiro.

Los informes, en cuestión

El sector crítico recela de la forma en la que la dirección de la confluencia está gestionando este asunto. Fuentes de esta lista creen que el bloqueo de las votaciones responde a una «maniobra» por parte del equipo de Villares para dinamitar las primarias tras atisbar una posible derrota. Además, cuestionan el resultado que pueden arrojar las auditorías encargadas. Denuncian que desde la cúpula rupturista no han ofrecido detalles sobre quién o quiénes elaborarán la llamada «auditoría interna» sobre el proceso ni a qué empresa se le ha encargado el segundo informe, de carácter externo. «¿Nos tenemos que fiar de los resultados que va a ofrecer una empresa pagada por ellos?», cuestionan. Si es una irregularidad «comprobada y contrastada», afirman, ellos mismos aseguran que serán los primeros en pedir que «se depure el censo» para poder votar con garantías.