El garante de la ética en el PSOE de Madrid, un alcalde procesado que no dimite

«Este es un tema administrativo, el alcalde de Alcalá “no se lo llevó”». Las palabras del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, se reconocen como un aval para la continuidad de Javier Rodríguez, regidor de la ciudad complutense procesado por prevaricación administrativa. Dos días después de que ABC publicara la inminente apertura de juicio oral contra él, su posición es la misma que cuando ya fue imputado: no dimitirá. Seguirá al frente del Ayuntamiento pese a que el código de conducta de la formación le obliga a renunciar y pese a que preside el Comité de Ética del partido socialista en la Comunidad de Madrid.

Sin que Rodríguez haya hecho una sola declaración pública sobre el caso, el argumento del PSOE se escuda en una interpretación del reglamento, recogida en el artículo 427 de los estatutos: «La apertura del juicio oral que supone la dimisión del cargo ha de referirse a delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Bajo esta premisa, el portavoz socialista en Alcalá, Fernando Fernández Lara, trató de aplacar las exigencias de dimisión de la oposición, con el pretexto de que estos supuestos están «absolutamente alejados de un trámite administrativo como es convocar un pleno un viernes o un lunes».

La lectura de Fernández, sin embargo, también está lejos de la clasificación que hace el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los delitos de corrupción. Tanto es así que en la estadística sobre los diferentes procedimientos se incluye la prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408 del Código Penal) dentro de la denominada corrupción pública.

Javier Rodríguez, presidente del Comité de Ética desde la llegada de Franco a la Ejecutiva, hace poco más de un año, está acusado de este tipo de prevaricación y de un delito contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución (art. 542) por convocar un pleno por la vía de urgencia sin justificar. Programó la sesión de presupuestos de 2016 de un día para otro y a sabiendas de que dos ediles de la oposición (PP) no podían acudir por encontrarse fuera de España. La juez, que ha transformado diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) señala en su auto «indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal».

«Estamos tranquilos»

El escrito de la magistrada, sin embargo, no influye de momento en el discurso socialista. La secretaria de organización, Carmen Barahona, aseguró ayer a este periódico que «están tranquilos» porque «no hay juicio oral y el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento». «Desde el PSOE estamos tranquilos- hablar ahora del juicio oral es hablar sobre una hipótesis», añadió Barahona. No obstante, cuando una de las partes personadas presente su acusación (el PP lo hará) en el plazo marcado, el siguiente paso será el juicio.