Comienza el juicio por el «caso De Miguel», la trama corrupta que salpicó al PNV

Este lunes dará comienzo el macrojuicio en torno a la mayor sumario de corrupción instruido jamás en el País Vasco. Un total de 26 acusados se personarán ante la Audiencia Provincial de Álava, entre ellos varios exaltos cargos del PNV que se enfrentan a penas de cárcel de más de 50 años por liderar, presuntamente, una red de cobro de comisiones ilegales. Entre ellos estará el exnúmero dos de los nacionalistas en la provincia y diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso. El Ministerio Público sostiene que el político alavés encabezó, gracias a la potestad que le brindaba su cargo, un entramado societario destinado exclusivamente a su enriquecimiento personal y el de terceros.

Además de De Miguel, para el que piden 54 años de prisión, en el juicio se juzgarán a otros líderes del PNV de Álava como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, así como al exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco en la etapa de Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga– el que fuera presidente de la Red autonómica de Parques Tecnológicos Julián Sánchez Alegría y a la exalcaldesa del municipio de Zambrana María Justina Angulo. Según la Fiscalía, todos ellos formaban parte de una trama de cobro de comisiones y tráfico de influencias.

El caso fue destapado por la abogada Ainhoa Alberdi, que en el año 2009 denunció que tanto De Andrés como Tellería la habían presionado para que pagara una comisión de 100.000 euros tras adjudicar a la empresa de la que esta era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, situado en Miñano. Un suceso que escondía tras de sí un complejo entramado que, tras varios retrasos, será juzgado finalmente nueve años después. El conjunto de las penas que solicita el Ministerio Público supera los 440 años, si bien la sentencia no se conocerá hasta el próximo 25 de octubre.

Defensa

A pesar de las acusaciones de la Fiscalía, De Miguel siempre ha defendido su inocencia. En este sentido, aseveró que no existe «ni una sola prueba» que demuestre su enriquecimiento personal ni el del resto de los encausados. De hecho, sus abogados han solicitado en un escrito su absolución, y han censurado el «relato fabulado» y «huérfano de pruebas» que a su juicio ha divulgado el Ministerio Público, que le imputa un total de 27 delitos, entre los que se encuentran cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En esta línea, la acusación afirma que el exnacionalista tejió una red de sociedades mercantiles que estaban a nombre de terceros. Es el caso, entre otros, de Kataia Consulting, compañía con domicilio social en una firma gastronómica de Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%.

El estallido del caso motivó la dimisión como diputado foral de De Miguel, que también se vio obligado a entregar su carnet de afiliado al igual que el resto de militantes imputados para que el PNV no se viera salpicado por la trama. Por otro lado, en el Parlamento vasco se creó una comisión de investigación que, en 2012, aprobó un dictamen en el que se atribuían responsabilidades políticas a los exlíderes nacionalistas. El partido presidido hoy por Andoni Ortúzar fue el único que votó en contra.

Juicio mediático

Tal es la envergadura del «caso De Miguel» que finalmente el juicio se dividirá en 12 piezas. De hecho, ha sido necesario acometer obras en la Audiencia Provincial de Álava para acondicionarla. La primera sesión tendrá lugar hoy, 8 de enero, cuando se dispongan las cuestiones previas de las partes. No será hasta el próximo febrero cuando se produzcan los primeros testimonios de los implicados. A lo largo de los nueve meses que se alargará el juicio también intervendrán 150 testigos y peritos.