Aval a los cargos investigados por un contrato de helicópteros antiincendios

El presidente de la Xunta expresaba ayer su respaldo a la actuación del actual responsable de Ordenación Forestal del Gobierno gallego, Tomás Fernández-Couto, investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa tras la adjudicación del servicio de helicópteros de lucha contra incendios en las campañas de 2011, 2012 y 2013. Tanto FernándezCouto como otros dos exaltos cargos del Ejecutivo autonómico figuran como imputados en esta causa que se inició a instancias de la Fiscalía en el año 2013 tras una denuncia formulada por la CIG un año antes. En concreto, el sindicato nacionalista acusaba a la Xunta de cometer un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente «a dedo» un contrato de 6,6 millones de euros correspondiente al servicio de brigadas aéreas de extinción.

Según Alberto Núñez Feijóo, la actuación del responsable de Ordenación Forestal y de los otros dos exaltos cargos tenía como objetivo realizar «de forma urgente» la contratación de helicópteros ante el inminente comienzo de la campaña de máximo riesgo en los montes. «Es muy, muy difícil de explicar a una familia de un alto cargo que se tenga que ver envuelto en declarar en el juzgado como consecuencia de intentar cumplir con lo que consideraban que era su deber de urgencia o emergencia», apuntó Feijóo, al tiempo que señaló que según los informes de la asesoría jurídica del Gobierno gallego «las cosas se hicieron correctas». «Esperemos que así se vislumbre en el juzgado», matizó.

Pese a que la investigación trascendía ayer ante la opinión pública, el presidente de la Xunta aclaró que se trata de una información que conocían «desde hace tiempo». En este sentido, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explican que Tomás Fernández-Couto ya declaró en calidad de investigado a lo largo del mes de abril y que, en estos momentos, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago — encargado de la causa— está a la espera de un informe del Seprona, que consideran complejo para poder tomar una decisión definitiva sobre este asunto.

Querella de la Fiscalía

La querella presentada por la Fiscalía de la que se deriva la imputación de Fernández Couto denunciaba el «grave quebranto» de los principios de «igualdad, publicidad y legalidad» en el proceso de contratación del servicio de helicópteros antiincendios en 2012. Según Europa Press, el escrito del Ministerio Público señala que «no consta la previa tramitación de expediente administrativo alguno» para el encargo del citado servicio, «evitando así toda posible concurrencia de otras posibles empresas interesadas en dicha prestación».

El procedimiento empleado para realizar esta adjudicación también fue cuestionado por parte del Consello de Contas, que en su informe de 2014 apunta que el contrato para la prestación de este servicio finalizó en diciembre de 2011 tras dos prórrogas y continuó durante el año 2012 «sin la perceptiva cobertura contractual». A este respecto, el ente fiscalizador explica que la Consellería de Medio Rural «demoró en exceso la convocatoria de un nuevo procedimiento», ya que no fue hasta diciembre de 2012, «casi un año desde la última prórroga» cuando se convocó el concurso abierto para adjudicar el contrato de los helicópteros antiincendios.

Comparecencia

Tras conocer la imputación del responsable de Ordenación Forestal de la Xunta los tres grupos de la oposición registraron en el Parlamento gallego una solicitud conjunta para pedir la comparecencia de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. El portavoz de Agricultura del PSdeG en el Parlamento, José Antonio Quiroga, pide que Vázquez aporte «explicaciones claras y convincentes» sobre la adjudicación de las brigadas helitransportadas, mientras que En Marea demanda el «cese inmediato» de la conselleira. Por su parte, el BNG —que ya había reclamado la comparecencia de Ángeles Vázquez a raíz de la última ola de incendios— cree que tras las últimas revelaciones, existen nuevas «dudas razonables» sobre su gestión.